Serias dudas sobre la transparencia y la integridad de Movimiento Ciudadano

Una investigación de EL UNIVERSAL reveló preocupantes vínculos entre administraciones del partido Movimiento Ciudadano en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dos gobiernos municipales adjudicaron más de 50 millones de pesos a una persona identificada como parte de la estructura global del cártel.

En marzo de 2014, Alejandro de León de la Mora constituyó la empresa Materiales para Construcción Algu SA de CV ante el notario Enrique Casillas en Tepatitlán de Morelos. Apenas tres años después, esta empresa comenzó a recibir contratos de obra pública. Entre 2017 y 2021, se le otorgaron 32 contratos por un total de 53.9 millones de pesos. Solo uno de estos contratos fue asignado mediante licitación pública nacional; los demás se adjudicaron de manera directa o por invitación restringida.

Durante ese periodo, Tepatitlán de Morelos, situado en la región de Los Altos Sur de Jalisco, estaba bajo la administración de Movimiento Ciudadano. Mientras la empresa de Alejandro de León se encargaba de proyectos de construcción de líneas eléctricas y alumbrado público en el municipio, también se le vinculaba con actividades ilegales en Centro y Sudamérica. Informes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y acusaciones de los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos revelan su participación en negocios ilícitos.

Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la transparencia y la integridad de las administraciones locales de Movimiento Ciudadano. La adjudicación masiva de contratos a una empresa vinculada con el CJNG sugiere la posible infiltración del crimen organizado en la gestión pública, poniendo en entredicho la lucha contra la corrupción y el corrupción en la región.

El caso de Alejandro de León de la Mora y su empresa no solo expone la connivencia entre funcionarios y criminales, sino que también subraya la necesidad urgente de una mayor vigilancia y control en la asignación de contratos públicos. Esta investigación de EL UNIVERSAL destaca un patrón inquietante que podría estar replicándose en otras localidades, demandando una respuesta contundente de las autoridades para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión municipal.