En contraste con EE. UU., la red de lavado de “El Mayo” en México es protegida por autoridades
Mientras allá le congelan activos, en territorio nacional se le liberan cuentas bancarias
La situación en torno a la red de lavado de dinero vinculada a Ismael Zambada García, alias “El Mayo,” líder del Cártel de Sinaloa, revela –según la nota de 8 columnas de El Universal– una contradicción flagrante entre las acciones de Estados Unidos y las de México en la lucha contra el narcotráfico. Mientras que las autoridades estadounidenses, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han mantenido una persecución constante y efectiva, el panorama en México es marcadamente diferente, con un aparente vacío en la acción gubernamental.
A lo largo de 17 años, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a más de 100 personas físicas y morales vinculadas a Zambada, congelando activos y prohibiendo relaciones comerciales con estas entidades. Estas medidas son claras y contundentes, y van dirigidas no solo a la familia directa de Zambada, sino también a su red de operadores financieros y legales, así como a los jefes de sicarios y líderes de células del Cártel. El enfoque es exhaustivo y efectivo al menos en cuanto a limitar la capacidad de Zambada para operar financieramente en territorio estadounidense.
Sin embargo, esta contundencia no encuentra eco en México. Según el reportaje de El Universal, muchas de las personas y empresas asociadas a Zambada continúan activas en registros oficiales como el de la Secretaría de Economía. Aún más alarmante es que algunas de estas entidades han logrado desbloquear cuentas que inicialmente fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que sugiere una ineficacia preocupante en las instituciones encargadas de combatir este tipo de delitos. La inacción del gobierno mexicano, según algunos expertos como la académica Cecilia Farfán, podría estar motivada por corrupción o falta de recursos, dejando a México como un terreno fértil para la continuidad de las actividades ilícitas.
Un aspecto crucial que resalta este informe es la diferencia en las tácticas de combate al narcotráfico entre ambos países. Estados Unidos parece aplicar una estrategia más pragmática, utilizando la información financiera para negociar con los narcotraficantes y llegar a acuerdos que les permitan obtener información valiosa a cambio de protección parcial de los bienes de los criminales. Aunque esta táctica pueda parecer controversial, resulta eficaz para desmantelar estructuras criminales de mayor envergadura, mientras que, en México, la falta de acción o la liberación de cuentas bancarias podría interpretarse como una aceptación tácita o complicidad ante el crimen organizado.
En este contexto, se plantea una pregunta fundamental: ¿es el sistema mexicano incapaz de actuar o existe una voluntad política de no hacerlo? El hecho de que una de las redes de lavado de dinero más importantes del narcotráfico internacional opere con tanta libertad en México, mientras que en Estados Unidos es sistemáticamente atacada, pone en tela de juicio la credibilidad de las autoridades mexicanas en su lucha contra el crimen organizado.
Este vacío de acción no solo pone en riesgo la seguridad del país, sino que también refleja un problema estructural que va más allá de los recursos disponibles. La lucha contra el narcotráfico parece estar paralizada por factores que van desde la corrupción hasta la falta de interés en aplicar las mismas políticas de persecución financiera que se observan en otros países.