Jueza ordena a Sheinbaum echar atrás Reforma Judicial. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López S.
“No hay sustento jurídico para su resolución”, responde la Presidenta ¡y se declara en desacato!
La jueza Nancy Juárez Salas, titular del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, lanzó una inédita y tajante advertencia: si la presidenta Claudia Sheinbaum y el Diario Oficial de la Federación (DOF) no eliminan la publicación del decreto de reforma judicial promulgado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, serán acusados de desacato ante el Ministerio Público Federal (¡o sea ante Gertz Manero! ja ja ja). La magistrada otorgó un plazo de 24 horas para que se cumpla la medida.
Este fallo se deriva de un incidente en un juicio de amparo promovido por un quejoso que alegó la ilegalidad del proceso de reforma judicial. Juárez Salas resolvió que las autoridades responsables han incurrido en un exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, otorgada para frenar la reforma. A pesar de que el Ejecutivo federal fue notificado de la suspensión el 14 de septiembre, la reforma fue publicada al día siguiente, lo que según la jueza constituye una clara violación al mandato judicial.
Con el fallo posterior del 20 de septiembre, que concede la suspensión definitiva de la reforma, la jueza subraya que tanto la presidenta como el DOF están obligados a retirar dicha publicación. De no hacerlo, podrían enfrentar serias consecuencias legales por desacato, conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. La firmeza de la jueza en este asunto refleja la seriedad con la que se está tratando el incumplimiento de las disposiciones judiciales en un contexto de controversia sobre la legalidad del proceso de reforma.
La respuesta de la Presidenta esta mañana en su conferencia de prensa fue tan contundente como la amenaza: no vamos a atender esta resolución, simple y llanamente porque “carece de sustento jurídico” dijo sin esconder un dejo de soberbia nada republicana.
Y surge entonces la pregunta: ¿Con base en qué “sustento jurídico” la señora presidenta se toma atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), única facultada para determinar cuándo la resolución de un juez tiene o no “sustento jurídico”? ¿Quién es o quién se cree el exministro Arturo Zaldívar para determinar la validez jurídica de resoluciones de jueces? Y el mismo cuestionamiento vale para la asesora jurídica de la Presidencia, llevados ambos a la Mañanera hoy para respaldar el golpe de Estado técnico de la presidenta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía en funciones, aunque en proceso de extinción como poder autónomo.
Desde su lucha contra el famoso desafuero, López Obrador decidió mandar al diablo las instituciones, convencido como estaba de optar por la justicia y no por la ley. Y tenía razón: fue un acto valiente y digno poner en evidencia, con su desacato, la forma en que jueces de la época (no muy distintos a los actuales) eran capaces de condenar que se abriera una calle para darle acceso a un hospital, solo para defender los intereses de grupos poderosos. Sin lugar a dudas la justicia le asistía a don Andrés, algo que parecen haber olvidado él y sus fanáticos seguidores de hoy. La justicia prevaleció, sin embargo, y no prosperó el desafuero gracias precisamente a las instituciones que hoy pretenden controlar y le permitieron, por cierto, llegar a la Presidencia de la República de manera pacífica.
Pero el poder, como López mismo lo repitió hasta el cansancio, a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los enloquece.
Ahora doña Claudia, su interpósita persona, se arroga el derecho de decidir cuándo la resolución de un juez tiene “sustento jurídico” y cuándo no. Todavía no empiezan a desmantelar a todo el Poder Judicial, su único contrapeso en un Estado de Derecho democrático, y ya doña Claudia se toma atribuciones que no corresponden a su cargo.
¿Qué serán capaces de hacer cuando ya no exista ese contrapeso?
Saben perfectamente que caer en desacato no tendrá consecuencias, porque el Fiscal Gertz es un lacayo del Ejecutivo. El Legislativo sigue siendo la misma horda de obedientes corderitos. Tienen a las fuerzas armadas en el bolsillo. Han logrado degradarnos a los periodistas críticos como parias de la 4té, y se perfilan como una dictadura bananera, destino inexorable, al parecer, de todos los originalmente heroicos movimientos de izquierda en Latinoamérica, tan pronto como se encariñan demasiado con las mieles el poder.
¿Si ellos no cumplen con la ley, qué nos obliga a los ciudadanos a sí hacerlo?