La crisis de credibilidad en el Poder Judicial: entre la corrupción, ineficiencia o ineptitud

La elección judicial del 1 de junio marcará un precedente en México: más de 3 mil nombres estarán en las boletas para ocupar cargos clave en el sistema de justicia. Sin embargo, la opacidad y los escándalos que rodean a muchos de los aspirantes plantean una pregunta central: ¿será una renovación real o simplemente un reacomodo de intereses políticos y redes de influencia?

El Estado de México es un caso emblemático de cómo los nexos con el poder y los antecedentes cuestionables no parecen ser un obstáculo para quienes aspiran a impartir justicia. Entre los nombres que han generado polémica está Luz María Zarza Delgado, quien se desempeñaba como abogada de la Universidad Autónoma del Estado de México cuando ocurrió el escándalo de la Estafa Maestra, uno de los fraudes más emblemáticos en la historia reciente del país.

A esta lista se suma Ángel Mario García Guerra, magistrado que, en 2016, favoreció al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina Mora al no vincularlo a proceso por peculado y daño patrimonial. La decisión levantó dudas sobre su imparcialidad y su criterio para evaluar casos de corrupción.

Redes de poder y padrinazgos

La herramienta Lupa Judicial, generada por el diario El Universal, revela que muchos de los aspirantes están vinculados a figuras políticas o a sectores del poder que han sido señalados por malas prácticas. Un caso evidente es el de Celia Maya, magistrada en retiro que aspira a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial, el organismo encargado de sancionar a jueces y magistrados. Su cercanía con Morena y el hecho de que, pese a recibir una pensión de 157 mil pesos mensuales, se mantuviera en la esfera pública, muestran cómo ciertos perfiles logran perpetuarse en el sistema sin importar las críticas.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tiene la responsabilidad de resolver disputas electorales, alrededor de 40 aspirantes han sido señalados por uso indebido de recursos o vínculos con Morena, generando dudas sobre su imparcialidad.

Los Tribunales Colegiados de Distrito tampoco están exentos de controversia: algunos aspirantes han sido acusados de violencia intrafamiliar o de haber llegado a sus cargos gracias a “padrinazgos” en lugar de méritos. Incluso, se han encontrado casos de jueces sancionados por el Consejo de la Judicatura debido a la ineptitud en sus resoluciones.

Opacidad y resistencia a la transparencia

Uno de los hallazgos más preocupantes de Lupa Judicial es la falta de información pública sobre muchos de los candidatos. Aunque el 70% de los aspirantes son o han sido funcionarios públicos, sus antecedentes están dispersos o han sido protegidos por la burocracia judicial.

Ejemplo de ello es la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los datos más recientes en materia de declaraciones patrimoniales de jueces y magistrados datan de 2022. En otros casos, como en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, la información sigue inaccesible bajo el argumento de que aún no se han definido los formatos para presentar declaraciones patrimoniales y de intereses.

Una elección judicial sin garantías de independencia

El primer ejercicio de elección de jueces en México debería representar un avance hacia la justicia independiente y la rendición de cuentas. Sin embargo, la evidencia muestra que el proceso está contaminado por candidatos con vínculos políticos, antecedentes de corrupción y falta de transparencia.

El caso del Estado de México ejemplifica cómo los intereses de ciertos grupos siguen pesando más que la credibilidad del sistema judicial. La pregunta es si el electorado tendrá el conocimiento y la información suficiente para evitar que el Poder Judicial termine siendo un botín más de la política mexicana.