La reforma, más que fortalecer al Estado, amenaza con debilitar la democracia: Oposición

La reciente iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado un debate muy polarizado. Por un lado, el gobierno asegura que no busca censurar contenidos, sino modernizar el marco legal, combatir prácticas monopólicas y garantizar una regulación efectiva del sector. Por el otro, diversas organizaciones, como la Alianza de Medios MX, y legisladores de oposición, muy destacadamente los senadores Ricardo Anaya y Lilly Téllez, advierten que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) representa un retroceso en términos de contrapesos institucionales y libertad de expresión.

Sheinbaum y su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, han intentado calmar las aguas señalando que el propósito de la iniciativa es alinear la regulación mexicana con estándares internacionales, como los de Estados Unidos y Europa, y que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sólo podrá actuar contra plataformas que violen otras leyes (como las fiscales o de seguridad), y no por el contenido que difundan. Incluso reconocen que hay errores de redacción en el proyecto, los cuales podrían corregirse.

Sin embargo, este tipo de “errores” no resultan menores cuando se trata de una ley que le otorgaría al Ejecutivo un control directo sobre todo el ecosistema de telecomunicaciones y radiodifusión. La eliminación del IFT, órgano autónomo que hasta ahora servía de contrapeso técnico y especializado, abre la puerta a la discrecionalidad y concentración del poder regulatorio en manos del gobierno. La Alianza de Medios advierte, con razón, que esto podría tener efectos nocivos sobre la pluralidad de voces, la libertad editorial y la competencia justa en los medios de comunicación.

Lo más preocupante es que esta reforma nace tras la difusión de contenido antinmigrante en medios nacionales, lo cual revela que el trasfondo de la iniciativa está vinculado a una reacción política frente a mensajes considerados ofensivos o negativos. Si lo que se pretendía era evitar que concesionarias difundieran contenidos que insultaran a México o regular la publicidad extranjera, ya existe legislación vigente —en materia de contenidos discriminatorios, discursos de odio, y regulación publicitaria— que puede aplicarse sin necesidad de concentrar más poder en el Ejecutivo ni desmantelar al IFT.

Por ello, el argumento de que la reforma “no busca censurar” pierde fuerza frente al contexto que la motiva y los mecanismos de control que propone. Regular no es censurar, pero cuando el regulador deja de ser independiente, la línea entre regulación legítima y censura política se vuelve peligrosamente delgada. La legislación actual ya ofrece herramientas suficientes para sancionar contenidos ilegales sin poner en riesgo la libertad de expresión ni la autonomía de los medios. La reforma, más que fortalecer al Estado, amenaza con debilitar la democracia.