Consejeras presidentas del INE y del IEEM hacen gala de un divorcio absoluto de la realidad

Por una ajustada votación de 6 a 5, el Consejo General del INE avaló la elección judicial que definió a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de que el 80% de las candidaturas ganadoras coincidieron con los polémicos “acordeones” distribuidos en todo el país, denunciados como una estrategia propagandística ilegal para beneficiar a perfiles afines a Morena.

El consejero Arturo Castillo, quien puso sobre la mesa la propuesta de no declarar la validez de esta elección (sin que ello signifique declararla inválida) por considerar que se violentó el principio de equidad, fue contundente: 22 de 28 candidaturas ganadoras se derivaron directamente de los acordeones, lo que revela la intervención de terceros en la campaña. En total, circularon al menos 37 versiones distintas de estos instructivos al voto en 15 estados, configurando, a juicio de Castillo, un indicio fuerte de ilegalidad encubierta.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE

Pero la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondió con una defensa férrea del proceso, minimizando las 818 casillas invalidadas y calificando como “lamentable” que se intentara empañar lo que describió como un proceso electoral excelente. Para ella, poner en duda la validez global de la elección era “desproporcionado”.

A su vez, otros consejeros reconocieron que los acordeones sí representaron una influencia indebida, pero se parapetaron tras el argumento de que no hay pruebas suficientes de una operación generalizada que alterara decisivamente el resultado, cerrando filas con el oficialismo y dando la espalda a los indicios que incluso podrían configurar causales de nulidad.

Gerardo Fernández Noroña, promocionaba los “acordeones”

La paradoja es brutal: por un lado, el INE admite que la propaganda ilegal existió y que benefició mayoritariamente a quienes ganaron; por el otro, opta por cerrar los ojos ante la posibilidad de que esto haya sido determinante, enviando un mensaje demoledor a la ciudadanía: la trampa no se castiga mientras no se exhiban pruebas contundentes, aunque la evidencia sea monumental.

El problema, como advirtió la consejera Dania Ravel, es que con esta validación “se abre la puerta a que estas prácticas irregulares se repitan y multipliquen” en futuras elecciones. El próximo asalto será en 2027, cuando México deba enfrentar nuevamente una elección judicial bajo un esquema legal que el propio INE calificó de “incompleto y restrictivo”.

Así, mientras unos celebran una victoria institucional, otros advierten que lo que se está consolidando es una simulación democrática con aval oficial.

Plagada de irregularidades, la elección judicial no solo generó dudas internas sobre su legitimidad, sino que proyectó un serio desprestigio internacional sobre el sistema electoral mexicano. Las críticas de medios globales como The Washington Post, The Economist, El País o Financial Times coincidieron en un diagnóstico demoledor: la reforma judicial amenaza directamente la independencia del Poder Judicial en México.

Con una participación raquítica del 12.7%, y evidencias de manipulación como los “acordeones” prooficialistas coincidiendo con precisión de relojería con los ganadores, la percepción en el extranjero es clara: el sistema judicial mexicano ha sido cooptado por el poder político. La advertencia más contundente vino del editorial del Washington Post, al señalar que la votación por jueces solo consolida el control del Ejecutivo y destruye el último contrapeso institucional real.

Heraldo Muñoz, de la OEA

A esta crisis de imagen se sumó el choque diplomático con la OEA, luego de que la misión de observación electoral, encabezada por Heraldo Muñoz, exhibiera serias deficiencias en el proceso: falta de criterios claros, ausencia de exámenes técnicos estandarizados para los aspirantes, opacidad, e injerencia política directa. Las recomendaciones fueron precisas, pero fueron respondidas por el gobierno mexicano con nacionalismo histriónico y soberbia sin disimulo.

La cereza del pastel la constituyen las declaraciones malhumoradas de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien no niega la cruz de su parroquia al descalificar, punto por punto, las muy razonables objeciones del consejero Arturo Castillo, que pidió no la invalidez de la elección, sino simplemente no declararla válida para dar oportunidad a la Suprema Corte y al tribunal respectivo de investigar las evidentes irregularidades del proceso.

Amalia Pulido, presidenta del IEEM

También causa indignación la serie de artículos publicados por la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, en un diario local de Toluca, tratando de convencerse a sí misma de que la elección judicial en la entidad fue un ejemplo de pulcritud que debe celebrarse.

No le pongo ningún adjetivo a esta muestra de divorcio absoluto de la funcionaria con la realidad que todos -excepto las autoridades electorales- observamos, porque me han comentado que la señora es muy propensa a andarle fincando responsabilidades penales a los periodistas que se atreven a criticarla, con el muy socorrido pretexto -usado con perversidad sectaria en algunos casos- de la “violencia política en razón de género”.