Indicios de que las desapariciones forzadas se practican en el país de forma sistemática

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dirigió una severa advertencia al Estado mexicano al solicitar información sobre indicios creíbles de que las desapariciones forzadas se practican en el país de forma sistemática y generalizada. Esta solicitud, realizada en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional, podría desembocar en una acción urgente ante la Asamblea General de Naciones Unidas si se confirma la gravedad de la situación.

México deberá responder antes del 18 de septiembre de 2025, en vísperas del 29° periodo de sesiones del Comité, donde se analizará formalmente el caso. La invocación del artículo 34 implica un umbral alto de preocupación internacional, reservado para casos donde se presume la existencia de una política estatal o tolerancia estructural hacia este crimen.

El Comité reconoce que el gobierno mexicano ha tomado algunas medidas —como el decreto presidencial del 18 de marzo de 2025 para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, la discusión de una reforma legal y mejoras en registros forenses—, pero considera que estas acciones resultan insuficientes ante la magnitud del fenómeno.

Organizaciones como la FIDH e Idheas Litigio Estratégico han documentado casos que evidencian patrones sistemáticos de desapariciones, tanto en el pasado como en años recientes. Estados como Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz figuran como zonas críticas, donde las desapariciones no sólo han sido persistentes, sino que en algunos casos habrían contado con la participación, aquiescencia o encubrimiento de autoridades estatales.

Entre enero de 2023 y abril de 2025, se reportaron 28,880 nuevas desapariciones, y los hallazgos de fosas comunes, junto con modos de operación repetidos en contextos de violencia criminal y disputa territorial, refuerzan la sospecha de una estructura organizada de desapariciones.

En suma, el pronunciamiento del Comité no sólo pone a México bajo un foco internacional de escrutinio, sino que plantea un potencial precedente diplomático y legal de gran calado, si se confirma que el Estado ha incurrido —por acción u omisión— en una práctica prohibida por el derecho internacional.