viernes, septiembre 12

Metepec y Gobierno estatal refuerzan la protección a periodistas y defensores de derechos humanos

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Firman convenio de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo y consolidan la libertad de expresión

Por Cony Citalán

METEPEC, Estado de México.— El Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Metepec formalizaron un convenio de coordinación interinstitucional en materia de protección integral para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos sectores y brindar apoyo inmediato en caso de enfrentar riesgos derivados de su labor.

El acuerdo contempla mecanismos de respuesta rápida mediante enlaces designados, así como la consolidación de canales de comunicación interinstitucional y la coordinación con los tres órdenes de gobierno. Con ello se busca garantizar que quienes ejercen la libertad de expresión o defienden los derechos humanos cuenten con respaldo oportuno y eficaz.

Luis Miguel Carriedo Téllez, Coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH), subrayó que esta acción consolida el compromiso de la administración estatal, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la defensa de las libertades fundamentales.

“Este convenio, entre otras cosas, establece la designación de enlaces para que podamos comunicarnos rápidamente cuando haya alguna situación”, explicó Carriedo, quien destacó la relevancia de la articulación institucional para dar respuesta inmediata a posibles agresiones o amenazas.

El funcionario agregó que, gracias a este convenio, el Ayuntamiento de Metepec podrá establecer contacto directo con el CEMPIDH cuando periodistas o personas defensoras acudan a las oficinas municipales en busca de protección.

Por su parte, Fernando Flores Fernández, Presidente Municipal de Metepec, reafirmó su disposición de trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para fortalecer este mecanismo y garantizar la seguridad de quienes ejercen funciones esenciales para la democracia y el respeto a los derechos humanos.

 

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