El Tenancingogate, la Fiscalía y los pelos de la burra. AL GRANO. Por Jesús López Segura

¿Quién es el subalterno de la Secretaría General de Gobierno obsesionado con Tenancingo?

Este lunes, un juez vinculó a proceso a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” por el delito de simulación de secuestro, al considerar que el Ministerio Público presentó elementos suficientes para presumir su participación en el escándalo de Tenancingo.

La resolución judicial, sin embargo, dista mucho de constituir una sentencia definitiva y, sobre todo, no despeja las dudas que rodean la teoría central construida por una Fiscalía mexiquense que parece haber decidido que, cuando faltan certezas, siempre se puede recurrir a las conjeturas. La institución se encuentra atrapada en una contradicción cada vez más evidente: mientras asegura que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, simuló su secuestro para ocultar un presunto desfalco de 40 millones de pesos, todavía no logra exhibir públicamente los “pelos de la burra” que acrediten de manera contundente ni una cosa ni la otra.

La propia Nancy Nápoles insiste en que fue víctima de una privación ilegal de la libertad y sostiene que la acusación en su contra responde a una operación de desprestigio con claros tintes políticos. Tan convencida está de ello que incluso ha comenzado a plantear la posibilidad de que el caso pueda encuadrarse como violencia política de género.

Lo más llamativo es que la alcaldesa no sólo rechaza haber organizado un autosecuestro, sino que además niega la existencia del supuesto boquete financiero de 40 millones de pesos que la Fiscalía ha convertido en la piedra angular de toda su narrativa. Es decir, la autoridad parte de un presunto desfalco para explicar un supuesto secuestro simulado, pero hasta ahora ninguna de las dos hipótesis ha sido demostrada de manera concluyente.

Por si fuera poco, la propia versión oficial sigue acumulando zonas grises. Mientras la Fiscalía señala como cerebros de la operación al esposo de la alcaldesa, José Roberto “N”, y a Oscar “N”, pareja de una hermana de la edil, la propia presidenta municipal ahora sugiere que este último podría haber tenido una participación mucho más relevante de la que se ha dicho, sobre todo después de que desapareciera del radar desde la semana pasada.

La investigación se sostiene, en buena medida, en el testimonio de uno de los involucrados y en el análisis de videos donde, según la Fiscalía, no se observa violencia física durante el traslado de la alcaldesa. El problema es que la ausencia de golpes visibles no constituye automáticamente una prueba de consentimiento, del mismo modo que una declaración incriminatoria no equivale por sí sola a una verdad judicial.

Mientras tanto, la Fiscalía ya habla de posibles condenas de hasta 16 años de prisión para algunos de los implicados y adelanta escenarios sancionatorios para la propia alcaldesa. Es decir, la institución parece avanzar varios capítulos delante de una investigación que formalmente aún se encuentra en etapa complementaria y cuyo cierre ni siquiera ocurrirá antes de dos meses.

Así, el caso Tenancingo comienza a parecerse menos a una investigación sólida y más a una historia escrita al revés: primero se eligieron los culpables, luego se construyó la trama y, finalmente, se salió a buscar las pruebas. El inconveniente es que, en un Estado de Derecho, las conclusiones deberían llegar después de los hechos comprobados y no antes.

A todo esto, conviene preguntarse ¿quién es el director de la Secretaría General de Gobierno que tiene aspiraciones políticas en Tenancingo?