Dice Claudia que quiere proteger a nuestros hijos. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López S.

En vez de despojar a los niños de sus celulares, ¡que se decida a combatir a los narcopolíticos!

En su cruzada no contra los criminales digitales, sino contra la información fuera de control oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en despojar a niños y jóvenes de sus teléfonos celulares. Esta mañana aseguró que las encuestas —no dijo cuáles— revelan que siete de cada diez padres de familia respaldan esa iniciativa. Si así fuera, habría que formular una pregunta muy simple: ¿entonces por qué ellos mismos les compran o les prestan esos aparatos a sus hijos?

Según la mandataria, la intención es “proteger” a la niñez de los riesgos que, de acuerdo con diversos “especialistas”, representan los teléfonos inteligentes. Muy noble propósito. Pero ya que el gobierno anda tan protector, ¿por qué no empieza por proteger a los niños del crimen organizado, de los reclutadores de los cárteles, de las balas perdidas, de las extorsiones, de los desplazamientos forzados y de las desapariciones que siguen multiplicándose en buena parte del país?

Resulta preocupante que el Estado se exhiba impotente frente a los grupos criminales, pero se muestre decidido a librar una batalla sin cuartel contra los móviles. ¿Por qué no aplica la misma ferocidad para perseguir a los productores de pornografía infantil y a los pederastas reclutadores de infantes y adolescentes?

Y ya entrados en gastos, habría otra pregunta incómoda: si la mayoría de los padres desaprueba el uso del celular en las aulas, ¿estaría entonces de acuerdo con instalar cámaras en cada salón de clases para supervisar el trabajo de los maestros, prevenir abusos, combatir el bullying, evitar malos tratos y vigilar que no se siga impartiendo información obsoleta?

Porque el problema de la educación mexicana nunca ha sido únicamente el teléfono.

Después de casi ocho años de “transformación”, el sistema educativo ni siquiera ha conseguido garantizar que todas las escuelas tengan internet, computadoras, agua potable, sanitarios dignos o pisos de cemento. Sin embargo, pretende prohibir precisamente la herramienta tecnológica que podría acercar gratuitamente a millones de estudiantes a la mayor biblioteca que ha conocido la humanidad.

La explicación más evidente es que buena parte del magisterio simplemente no ha sido capacitado para incorporar la tecnología a los procesos de enseñanza. Sigue atrapado entre programas burocráticos y libros de texto tan ideologizados como malhechos.

Y surge entonces la indignada pregunta: ¿para qué carajos prometió AMLO (sin cumplir jamás, por cierto) dotar de Internet a todas las escuelas del país, si en el segundo piso de la 4te Claudia prohibiría el teléfono celular? Ello equivale a construir una autopista de alta velocidad y luego, como complemento, llenarla de topes.

Hay, sin embargo, una explicación todavía más inquietante.

Desde hace siglos, el poder ha entendido que quien controla la información controla buena parte de la conciencia colectiva. El teléfono celular rompe ese monopolio. Permite comparar versiones, verificar datos, consultar otras fuentes y descubrir que la realidad suele ser bastante más compleja que la presentada en los discursos oficiales y en los programas de estudio.

Por eso resulta llamativo que el gobierno quiera limitar justamente el instrumento que democratiza el acceso al conocimiento.

Los especialistas que respaldan la iniciativa seguramente hablarán de ansiedad, depresión, aislamiento, adicciones digitales y otros riesgos reales asociados al abuso de las redes sociales. Pero omiten mencionar que esos males se deben al contraste brutal entre el oficialismo informativo subsidiado y la realidad reflejada con sorprendente objetividad en esas redes. Lo discutible es que la solución propuesta sea restringir el acceso a la herramienta más poderosa de difusión del conocimiento jamás creada, en lugar de enseñar a utilizarla con inteligencia, pensamiento crítico y responsabilidad.

Educar nunca ha consistido en prohibir, sino en enseñar a discernir. Y ello es imposible cuando se está empeñado en imponer una ideología a través del oficialismo informativo más burdo de que se tenga memoria.

Mientras el gobierno concentra sus energías en combatir los celulares, miles de escuelas siguen sin condiciones mínimas para enseñar y millones de niños siguen mucho más expuestos a la violencia del crimen organizado que a los algoritmos de internet.

Pero contra los cárteles hay miedo o, en el peor de los casos, complaciente tolerancia.

Contra los teléfonos celulares, en cambio, hay audaz fanfarronería, basada en psicología decimonónica.

Y eso dice mucho más sobre las prioridades del poder que sobre los supuestos riesgos de la tecnología.