Pretende estrangular económicamente a medios pequeños y fortalecer a los hegemónicos concesionados

Una vez sometida la prensa hegemónica televisiva y radiofónica concesionada, a base de jugosos convenios de publicidad, el Presidente López Obrador pretende culminar sus ataques cotidianos contra la prensa que no somete su línea editorial a los intereses de la 4té, con una ley sobre Comunicación Social que pone un tope de 0.1% del presupuesto de cada entidad gubernamental al gasto publicitario. Esta nueva ley, aprobada en fast track, significa una sentencia de muerte para gran cantidad de publicaciones periodísticas, según estima la revista Proceso:

“Una serie de disposiciones que limitan el gasto publicitario de los tres órdenes de gobierno puso en vilo el arranque de 2023 para los medios de comunicación de todo el país pues, dependientes mayoritariamente de la publicidad oficial, la reducción de ingresos los vuelve inviables”.

“Cuando la atención pública estaba centrada en el llamado “Plan B” de la reforma electoral, durante el fin del periodo ordinario de sesiones y ya iniciadas las fiestas decembrinas, la aprobación fast track del paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo incluyó la Ley General de Comunicación Social que, en su artículo 26, establece un tope en gasto publicitario de 0.1% a toda entidad pública”.

“Mayoriteado por Morena y sus aliados, frente a la oposición de los demás partidos que votaron en contra de todo el “Plan B”, el articulado regulatorio de la “propaganda” tiene un impacto tangible: ese porcentaje representa que el gobierno de López Obrador contará este año con unos 8 mil millones de pesos en gasto publicitario, independientemente de que lo use o no. Pero en los estados y municipios, así como en los demás poderes, los montos son exiguos”.

“Inclusive para los efectos de los proyectos de gobierno morenistas, el golpe fue severo. Un caso: Claudia Sheinbaum programó incrementar 37% su gasto publicitario para 2023 y tenía aprobado un monto de 753 millones de pesos. Con la nueva ley sólo podrá gastar 248 millones, menos de la mitad de lo que gastó en 2022, de manera preliminar calculado en 541 millones”.

A los ataques cotidianos contra medios críticos de su Gobierno como Proceso, Reforma, Latinus, Aristegui Noticias, Etc., que habitualmente López Obrador identifica con los embates de la prensa que llevaron al asesinato de Madero, ahora el mandatario de plano impone por mayoriteo una ley que eliminará del mapa nacional a multitud de medios que no tienen la audiencia suficiente como para despertar el interés de la iniciativa privada, independientemente de su influencia en la clase política, interesada en anunciarse con ellos.

Finalmente, el mandatario que se ha caracterizado desde el principio de su administración por una crítica feroz contra comunicadores que no se plieguen a sus megalómanas pretensiones de “salvador de la patria“, terminará por fortalecer a los medios televisivos y radiofónicos concesionados por el Estado que sí tienen la audiencia suficiente -obsequiada precisamente por la explotación del espacio radioeléctrico que pertenece a todos-, y que solo dependen en menor medida del gasto publicitario gubernamental, centralizado ahora casi por completo en el Poder Ejecutivo federal.

Lo que más llama la atención de las gravísimas contradicciones de este presidente es que ha logrado la militarización plena de la vida nacional y ahora perfila una tiranía ideológica por el control absoluto de los medios informativos, pero siempre enmascarando estas atrocidades con un lenguaje presuntamente “progresista”. Se trata -ya sin lugar a dudas- de un capítulo histórico típico del fascismo estalinista.