Unos 5 mil miembros de “la base social” del criminal grupo “Los Ardillos”, toman la ciudad

Ayer, alrededor de 5 mil habitantes de los municipios de Quechultenango, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo llevaron a cabo una manifestación que paralizó la capital del estado de Guerrero. Durante la protesta, bloquearon carreteras, enfrentaron a más de 500 agentes de seguridad, se apoderaron de un vehículo blindado de la policía y retuvieron a 10 agentes de policía y tres funcionarios. Los manifestantes exigen la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, conocido como “El Topo”, líder de los transportistas en el pueblo de Colotlipa, quien fue detenido la semana pasada por posesión de armas y drogas, plantea la nota respectiva del diario oficialista La Jornada.

La manifestación comenzó alrededor de las 9 de la mañana, y se produjo el primer enfrentamiento con las fuerzas policiales estatales y la Guardia Nacional frente a las instalaciones de esta última corporación. Los manifestantes persiguieron a los agentes y lograron apoderarse de un vehículo táctico blindado conocido como Black Mamba o Rhino.

Posteriormente, se dirigieron al Congreso del estado, donde derribaron la puerta principal, y más tarde llegaron al palacio de gobierno, donde abrieron una de las puertas utilizando el vehículo Rhino. Los policías estatales que custodiaban el lugar huyeron.

Los manifestantes, que se autodenominan “base social” del grupo delincuencial Los Ardillos, bloquearon inicialmente el Parador del Marqués, luego el Congreso del estado y finalmente el palacio de gobierno, para luego regresar al primer punto.

En las calles, se observó a familias corriendo hacia el centro de la ciudad a través de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero. Restaurantes, comercios y escuelas cerraron por temor a saqueos.

Los seguidores de Los Ardillos demandaron la realización de obras, como la construcción de caminos para sus pueblos.

Por la tarde, se llevó a cabo una mesa de diálogo con funcionarios estatales, pero al no llegar a un acuerdo, los manifestantes volvieron a bloquear el Parador del Marqués exigiendo la liberación de El Topo y, según la nota de Azucena Uresti en Milenio Televisión, terminaron demandando la renuncia de la gobernadora Evelyn Salgado.

La secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó en La Mañanera que siempre trató de privilegiarse el diálogo, como una política inamovible del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero diversos medios y comentaristas plantean que el estallido social en Guerrero se debe a la falta de experiencia de la hija del candidato del Presidente a la gubernatura, impuesta luego de la defenestración de Félix Salgado Macedonio, entre otros motivos, por su fama pública de violador.

Salvador García Soto apunta al respecto en su Serpientes y Escaleras de El Universal:

“Ni la dupla de gobierno que conforman el senador Félix Salgado, como gobernante de facto que decide la mayoría de las cosas, ni su hija la gobernadora constitucional, Evelyn Salgado, están demostrando tener capacidad de gobernar a un estado tan caótico y salvaje como Guerrero. El dominio del narcotráfico en amplias regiones del estado ha anulado a las autoridades estatales y municipales a las que somete y compra el crimen organizado, ya no sólo en las zonas serranas y marginadas, donde eso tiene décadas ocurriendo, sino en plena capital del estado, Chilpancingo, donde la alcaldesa morenista tiene nexos directos con los jefes de plaza, por no hablar del territorio violento y el narcopuerto en el que se ha convertido Acapulco“.