Sinaloa se gobierna con el narco: Rubén Rocha Moya. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura
Ahora resulta que los que entregaron en EU al Mayo Zambada ¡son “traidores a la Patria”!
Repentina y sorprendentemente, Nosferatu Gertz Manero salió de su sarcófago y con una energía y ferocidad inusitadas –solo vistas cuando se avocó, con juvenil ímpetu, a perseguir y encarcelar a su anciana cuñada–, realizó ya más de cien diligencias en diversas entidades y, con autorización del gobierno de Estados Unidos, inspeccionó el aeropuerto de Santa Teresa con el fin de responder a la ansiedad de AMLO de exculparse del operativo y configurar en fast track los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y traición a la patria, sí ¡TRAICIÓN A LA PATRIA! contra los que tuvieron el imperdonable atrevimiento de secuestrar y entregar en los Estados Unidos al Mayo Zambada. ¡Faltaba más!
Y es que el presidente López Obrador ya se hartó de que los vecinos no aclaren su participación en el fascinante operativo, digno de una película de James Bond, mediante el cual alguien, presumiblemente Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en acuerdo con el departamento de Justicia o el FBI gringos, tuvo la osadía de hacer el trabajo que hace años debería haber hecho el gobierno mexicano, es decir, llevar a la justicia a uno de los criminales más peligrosos del planeta.
La pregunta obligada es ¿por qué en vez de agradecer semejante hazaña don Andrés se indigna y despotrica contra el gobierno norteamericano por una presunta violación a nuestra soberanía, al grado de impulsar a la momia de la Fiscalía a hacer el ridículo hablando de “traición a la Patria”?
La respuesta es, desgraciadamente, también demasiado obvia: López Obrador tiene acuerdos con los narcos mexicanos, explícitamente enunciados y hasta publicitados con el lema de “abrazos y no balazos”, pactos nada secretos que le permiten viajar sin ser molestado hasta en el territorio de Badiraguato, entre otros muchos beneficios y amenidades adicionales, y de ninguna manera quiere que los nuevos jefes del Cártel de Sinaloa piensen que él tuvo algo que ver con la captura y extradición, no oficial, de su jefe máximo.
De ahí la lastimosa insistencia de López Obrador en que el Gobierno de Joe Biden aclare las cosas y lo deje oficialmente fuera del extraordinario e ingenioso operativo, no sea que sus socios se molesten y decidan cancelar los acuerdos.
Así que el espectacular operativo contra el Mayo Zambada ha puesto al descubierto –de forma evidente para los que se han salvado del lavado de cerebro masivo que significa la “revolución de las conciencias”– los acuerdos inconfesables que la 4té tiene con los narcos. Y si a ello sumamos la deferencia de don Andrés respecto de los expresidentes neoliberales (especialmente Peña Nieto), de no tocarlos con el pétalo de una investigación judicial, llegamos a la única conclusión posible: AMLO no es un “narcopresidente”, al menos no es solo eso, porque también tiene nexos con los criminales de cuello blanco a los que critica a diario, en el nivel meramente verbal, pero solo para ganarles elecciones, no para aplicarles la ley.
La cereza del pastel la constituye la militarización plena de la Seguridad Pública, la desaparición de los legisladores plurinominales y la elección popular de los abogados de narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco para “renovar” el Poder Judicial, mediante las reformas constitucionales que le urge heredarle a sus sucesora a través de una mayoría calificada impuesta con las mismas prácticas fraudulentas que tanto criticaban en el pasado y defienden ahora con idéntico cinismo que sus “adversarios políticos”.
Con rostro cada vez más desencajado y a semanas de la entrega del Poder, don Andrés repite con desgano sus ya clásicos mitos y fantasías sobre una realidad que solo existe en su deteriorada imaginación. ¿Cómo defender a su amigo, el gobernador de Sinaloa, señalado por el propio Mayo Zambada –protegido nada menos que por el comandante de la policía, ¡su guardaespaldas! — de que asistiría a una reunión, donde negociarían con el diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda la sucesión universitaria, pero terminaron asesinándolo?
¿Puede haber un final de sexenio más patético?
“Era agosto de 2021 en Culiacán. Rubén Rocha Moya, prestigiado exrector de la UAS, era gobernador electo de Sinaloa, después de haber ganado los comicios estatales en julio de aquel año. Tuve oportunidad de entrevistarlo en la cabina de la estación del Heraldo Radio en la capital sinaloense… ¿Y cómo se gobierna un estado con un cártel tan poderoso?”, le solté. “Pues, mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”, me contestó el gobernador electo en un ataque de sinceridad”, recuerda hoy en su columna de El Universal “Serpientes y Escaleras” el destacado analista Salvador García Soto.