Los colectivos feministas y más de 20 organizaciones pro derechos reproductivos lo exigen

Los colectivos feministas y organizaciones pro derechos reproductivos del Estado de México han intensificado su presión sobre la nueva Legislatura estatal, exigiendo la despenalización del aborto y la implementación de un marco legal que garantice el acceso libre y seguro a la interrupción temprana del embarazo. Acompañadas por más de 20 asociaciones no gubernamentales, estas organizaciones argumentan que se trata de una deuda histórica, y destacan que es imperativo adecuar las leyes para asegurar la justicia reproductiva, particularmente en favor de mujeres vulnerables, comunidades indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGBT+.

Karen Santacruz, representante de la organización Sumando Igualdad, recordó que ya existen mandatos judiciales que obligan al Congreso del Estado de México a legislar en la materia. La activista subrayó que es un derecho humano que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, y criticó las barreras legales actuales que perpetúan los abortos clandestinos y la criminalización de las decisiones reproductivas.

Por su parte, Meme Navarro, diputade no binaria de Morena, se comprometió a impulsar la discusión del tema dentro del Congreso, asegurando que trabajará para informar a los legisladores y facilitar un debate informado. Este compromiso cobra relevancia en una Legislatura dominada por mujeres, lo que las activistas ven como una oportunidad única para lograr avances significativos en favor de la equidad de género y los derechos reproductivos. Además, llamaron a la gobernadora Delfina Gómez y a los diputados a reunirse con las organizaciones civiles para abordar esta demanda, destacando que la falta de actualización en las leyes sobre justicia reproductiva lleva más de una década sin resolverse.

El contexto de esta lucha se enmarca en las alarmantes cifras que colocan al Estado de México como la entidad con mayor demanda de servicios de interrupción del embarazo, con 64 mil casos registrados entre 2017 y 2021 en la Ciudad de México. Las activistas insisten en que es momento de que el Estado de México asuma su responsabilidad legislativa y ponga fin a la criminalización del aborto.