jueves, diciembre 26

Benjamin Netanyahu, bajo la lupa de la justicia internacional

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Corte Penal Internacional emite orden de arresto en su contra por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant, y altos funcionarios de Hamás, acusándolos de crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023. Esta decisión, anunciada en La Haya, Holanda, convierte a Netanyahu y otros involucrados en fugitivos internacionales y podría complicar los esfuerzos para lograr un alto al fuego que ponga fin a un conflicto de 13 meses.

El panel de jueces señaló que existen “motivos razonables” para acusar a Netanyahu y Gallant de privar deliberadamente a la población civil de Gaza de alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, indispensables para su supervivencia. Sin embargo, las implicaciones prácticas de las órdenes podrían ser limitadas: Israel y Estados Unidos, su principal aliado, no son miembros de la CPI, y varios líderes de Hamás señalados ya han muerto durante el conflicto.

Netanyahu calificó las órdenes de “vergonzosas y antisemitas”, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo a Israel y condenó la acción de la CPI. Por su parte, Hamás también rechazó la medida.

Israel sostiene que la CPI carece de jurisdicción, argumentando que no se le permitió investigar las acusaciones de manera independiente antes de la emisión de las órdenes. Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, denunció en redes sociales que ninguna otra democracia ha sido tratada de manera tan “perjudicial” y defendió el compromiso del país con el estado de derecho.

La CPI, un tribunal de última instancia, actúa únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren investigar. No obstante, la ejecución de estas órdenes enfrenta un obstáculo significativo: la corte no cuenta con una fuerza policial propia, dependiendo de la cooperación de sus estados miembros para hacerlas efectivas, algo improbable en este caso.

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