En su tiempo, fomentaron la corrupción y el sometimiento del aparato judicial al Ejecutivo

Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se sumaron al coro internacional que denuncia la elección judicial impulsada por Morena como “el asesinato de una joven democracia”, en palabras del Grupo IDEA, que agrupa a expresidentes conservadores de América Latina y España. Según ellos, el proceso significó la destrucción del equilibrio de poderes en México.

Sin embargo, resulta irónico que quienes ahora se erigen como defensores del Estado de Derecho hayan sido, en su momento, protagonistas de gobiernos que tampoco garantizaron un sistema judicial independiente. Durante sus mandatos, la justicia mexicana fue utilizada selectivamente, y se toleraron redes de corrupción y sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Ninguno de ellos, por ejemplo, impulsó reformas para fortalecer la independencia judicial ni se enfrentó realmente a los intereses que controlaban al aparato de justicia, completamente copado por la corrupción y el nepotismo al servicio del mejor postor.

Ahora, desde cómodos espacios internacionales, critican un proceso que, si bien plagado de irregularidades y motivado políticamente, ocurre en el contexto de una herencia judicial degradada por sus propios gobiernos. Fox dejó intacto el viejo sistema judicial priista; Calderón usó al sistema de justicia como herramienta en su “guerra contra el narco”, con consecuencias catastróficas para los derechos humanos.

Que expresidentes como ellos, o personajes como José María Aznar o Iván Duque, se presenten como paladines de la democracia judicial revela más un cálculo político y una guerra de narrativas contra el actual oficialismo mexicano que una auténtica defensa del poder judicial independiente.

La elección organizada por Morena, con su escasa participación (menos del 13%), sin garantías de transparencia ni comprensión ciudadana, es indefendible. Pero también lo es el oportunismo de quienes, teniendo poder real para construir una judicatura autónoma, prefirieron mantener el viejo sistema clientelar y politizado.

El colapso de la independencia judicial en México es el resultado no solo de una reforma incompleta y amañada (porque dejó intocadas a fiscalías igualmente corruptas y, en los hechos, totalmente dependientes de los Ejecutivos federal y estatales), sino también heredera de décadas de simulación democrática en las que estos mismos expresidentes fueron actores centrales. Ahora critican lo que ellos mismos ayudaron a cimentar: un sistema donde el Poder Judicial ha sido siempre moneda de cambio del poder político.

Pero el remedio impuesto por el obradorismo podría resultar peor que la enfermedad. La destitución de miles de jueces para ser reemplazados por personajes cercanos a Morena mediante un proceso electoral plagado de irregularidades, ha encendido las alarmas en el ámbito internacional. Expertas en derecho advierten que esta maniobra constituye una captura política del Poder Judicial, violando abiertamente tratados internacionales suscritos por México, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El trasfondo es grave: México enfrenta ya procesos ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). El desenlace es previsible: condenas internacionales, reparación del daño para jueces cesados y una severa sanción reputacional para el Estado mexicano.

Sin embargo, el problema no es solo jurídico, sino político e institucional. Las condenas, advierten especialistas como Azul Aguiar y Úrsula Indacochea, citadas por la revista Proceso, podrían llegar demasiado tarde —en una década o más— cuando el daño a la democracia y al equilibrio de poderes sea ya estructural. Peor aún, el desprecio histórico del Estado mexicano por cumplir sentencias internacionales —como ocurrió con la orden de reformar la figura de la prisión preventiva oficiosa— confirma que las condenas podrían ser ignoradas mientras el obradorismo mantenga el control.

Lo más preocupante es que esta reforma abre aún más la puerta a la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. Como advirtió la propia relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, el método electivo facilita que intereses criminales controlen la impartición de justicia.