¿Por qué PT y Verde rechazan la Reforma Electoral? LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

Sin el voto de esa chiquillada, la mayoría calificada se quiebra y la Reforma se viene abajo

No será sino hasta principios de febrero cuando se conozca, con detalle, la reforma claudista a las leyes electorales que impulsa Pablo Gómez. Aunque la mandataria ya ha soltado algunos adelantos reconfortantes —cuidadosamente seleccionados—, prefiere mantener el misterio hasta entonces.

Y digo reforma claudista porque, si del obradorismo “puro” se tratara, el rediseño electoral sería radical y sin miramientos: de un soberano plumazo se reduciría el número de diputados y senadores; se eliminarían los legisladores plurinominales; desaparecerían los 32 fastuosos y redundantes organismos públicos locales electorales (Oples); se racionalizaría el ofensivo gasto del INE o simplemente se incorporaría como una subsecretaría de Gobernación; y se recortarían drásticamente las asignaciones a los partidos políticos, que este año ascienden a 14 mil 99 millones de pesos para actividades ordinarias y 7 mil 737 millones adicionales para campañas.

En el remoto caso de que alguien solicitara mi opinión, diría que la democracia auténtica solo ha existido en la praxis de algunas comunidades originarias, es decir, antes de que llegaran conquistadores de la más variada ralea a imponer su dominio por la fuerza.

También sostengo que, en la teoría, la democracia —el gobierno del, por y para el pueblo— es una desgracia estructural. Siempre, de manera invariable e inequívoca, emergen mercachifles políticos que dicen estar comprometidos con resolver las necesidades populares, cuando en realidad, con frecuencia alarmante, solo buscan enmascarar intereses mezquinos, personales o de grupo.

En rigor, la definición vigente de democracia resulta profundamente deficiente. No puede reducirse a la decisión momentánea —en el instante del voto— mediante la cual un pueblo delega la protección de sus intereses, porque esas mayorías, casi siempre, ni están informadas ni actúan libremente.

La auténtica democracia debería basarse en una utopía hoy inexistente: la de un organismo conformado por ancianos sabios y de intachable reputación, capaz de determinar, con objetividad científica irrefutable, cuáles son en cada momento histórico las problemáticas prioritarias que deben atenderse para el bienestar real de las mayorías, y a partir de ese diagnóstico elegir al personal de probada capacidad técnica —mediante ahora sí, el voto popular— para ocupar cargos administrativos remunerados en la justa medianía en cada ciudad, poblado o región y sujetos a una revocación permanente de mandato.

El problema es que no existe —ni parece próximo— un consenso unánime, o siquiera mayoritario, para conformar un órgano así. Siempre surgirán objeciones: que se trata de una nueva élite oligárquica; que la ciencia no merece confianza; que es preferible someterse a patriarcas religiosos; o que cada individuo, desde su ignorancia compartida masivamente, posee la verdad absoluta sobre lo que la sociedad necesita. Al final, todos prefieren que sea la propia sociedad —manipulada por la propaganda política— la que decida su destino en el sacrosanto instante comicial. En ese contexto, la idea obradorista de la revocación de mandato resulta, paradójicamente, muy oportuna.

Entre los adelantos promisorios que doña Claudia ha tenido a bien comentar, destaca uno que explica muchas resistencias internas: mantener las plurinominales. Desaparecerlas sería el peor pecado autoritario del obradorismo “puro”. Eso sí, la propuesta sería despojarlas de su función viciada: empoderar a toda clase de parásitos partidistas que acceden al poder sin despeinarse en una elección. Ello resultaría relativamente fácil si se asignaran las plurinominales en función de los votos alcanzados y en proporción a los sufragios específicos por cada partido o coalición.

Ahí está la clave. PT y Verde no defienden la democracia; defienden el mecanismo que les garantiza a sus altas burocracias sobrevivir. Sin ese salvavidas, su peso específico se evapora. Y sin sus votos, la mayoría calificada se fractura. Por eso no resulta extraño que el Poder Judicial mexiquense, ahora en manos del morenismo local, haya desahuciado al Partido del Trabajo en Toluca, poniendo todos sus muebles, archivos y triques de oficina, así como a sus empleados, de patitas en la calle luego de un prolongado litigio que duró décadas. No hay casualidades.