Investiga la 4T concesión de Peña Nieto a telepeaje en la red de autopistas del Fonadin: Por Jesús López Segura / LA VERSIÓN NO OFICIAL
A nivel federal se plantea la cancelación de contratos, pero en el Edomex, se limitan a evitar su perpetuidad
Las secretarías de Hacienda, Función Pública y Comunicaciones y Transportes tienen bajo la lupa el contrato por el servicio de telepeaje en la red de autopistas del Fonadin, que fue la última licitación que se otorgó en el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuatro días antes del final de su mandato, por un costo de mil 321 millones de pesos y con una vigencia al 31 de marzo de 2023, relata un estudio muy pertinente de El Universal, porque el Congreso del Estado de México acaba de echar abajo lo que se conoce como la “Ley Eruviel“, que permitía contratos leoninos con constructoras como OHL (Aleatica) mediante los cuales se perpetuaba el control de esa empresas sobre obras como El Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.
El contrato adjudicado por Banobras a las empresas Cobro Electrónico de Peaje (CEP), de David Peñaloza, y a la española Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas (SICE), de Florentino Pérez, estaría en riesgo de cancelarse porque las autoridades han encontrado vicios de origen, prácticas ilegales e inconstitucionalidad en actos derivados del mismo.
Pero lo que a nivel Federal se plantea como un “riesgo de cancelación” de los contratos leoninos, a nivel local es mucho más discreto, porque se limita a no perpetuar el saqueo, pero no contempla castigos, o al menos esto no se refleja en el tratamiento noticioso del boletín del Congreso mexiquense.
Las investigaciones apuntan a funcionarios de Banobras, que en el ejercicio de su poder no sólo permitieron una cesión de derechos de CEP y SICE a OSIPASS para la prestación de un servicio público para el cual no se encuentra legitimado —y conlleva un alto riesgo para transitar las autopistas de cuota y también las convierte en un escenario de accidentes—, sino que antepone el interés particular sobre el común y representa un daño patrimonial al Estado porque hay recursos federales de por medio.
El abogado Paulo Díez Gargari ha señalado en varios reportajes periodísticos (sobre todo con Carmen Aristegui) la corrupción de funcionarios de Banobras en el otorgamiento de avales financieros para obras corruptas de OHL que derivaron en financiamientos ilegales a campañas política de Peña Nieto y Eruviel Ávila y señaló directamente a Alfredo del Mazo Maza cuando era director de ese banco como uno de los responsables.
El hoy Gobernador del Estado de México está muy lejos de ser señalado por el Congreso local dominado por Morena -que se supone será su contrapeso gubernamental-, sobre todo cuando el propio Presidente expresa sus disculpas a Alfredo del Mazo Jr. por los enredos declarativos del constantemente fallido secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espurio, quien tuvo el imperdonable error de involucrar al finado padre del mandatario en un chisme relacionado con el aeropuerto cancelado de Texcoco.
La investigación federal sobre las transas de Peña Nieto sobre el contrato por el servicio de telepeaje en la red de autopistas del Fonadin, inició en el oficio DO/466/2019 del 31 de marzo de este año, firmado por José David Fragoso Cedillo, director de Operación de Caminos y Puentes Federales (Capufe) del Gobierno de López Obrador, quien denunció que el consorcio no pudo tomar la operación del telepeaje el 1 de abril como lo estipulaba el contrato en los 45 caminos y tres puentes (autopistas) de la red Fonadin.
Algunos tramos involucrados son Cuernavaca-Acapulco; Monterrey-Nuevo Laredo; Red México-Cuernavaca; México-Querétaro, y México-Puebla; Durango-Mazatlán, entre otros.
EL UNIVERSAL consultó fuentes del sector sobre la denuncia y encontró que de acuerdo con los técnicos de Capufe, el grupo SICE y CEP no tenía listo su sistema central (BackOffice), ni el equipamiento indicado, tampoco estaba 100% para la operación en sitio, es decir, en las casetas.
A pesar de estos incumplimientos que serían motivo suficiente para la cancelación del contrato, Banobras otorgó facilidades extraordinarias y presionó a Capufe para permitir al consorcio realizar pruebas en casetas que se encuentran en operación, relata la nota de El Universal.
¿Alguien en su sano juicio podría esperar que, a nivel local, alguna instancia del Gobierno de Alfredo del Mazo emprenda una investigación sobre las acusaciones que el abogado Díez Gargari ha formulado en contra del ahora gobernador y antes director de Banobras?
Lo único que queda es el Congreso mexiquense, pero parece que a ese nivel ya todo está planchado para la exoneración en aras de la “reconciliación nacional”, no importa que la famosa lucha en contra de la impunidad quede en ridículo.
Con información de El Universal
