Ley de protección a periodistas, gatopardismo puro. Por Jesús López Segura. LA VERSIÓN NO OFICIAL

Congreso “morenista” mexiquense, al servicio secreto de su majestad Alfredo Del Mazo

La diputada por Ecatepec, ahora con licencia reeleccionista, Azucena Cisneros, se salió finalmente con la suya. Logró rescatar del archivero un proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que no pintaba mal en sus primeras escaramuzas con la burocracia legislativa mexiquense (en manos de un grupo político, el GAP -al que ella pertenece, por cierto- enteramente al servicio del señor gobernador), pero que dos años en el congelador terminaron por… enfriarla.

La ley luce bien, tiene una apariencia positiva al primer golpe de vista. Está retocada con vistosos conceptos que regocijan a periodistas que no tienen conciencia muy clara de su verdadera y lamentable función al servicio del poder. Por ello se van con la finta “analistas” que viven en la irrealidad, calentando asientos en espacios “académicos”, o disparando incontinentes elogios con plumas chayoteadas.

Habla esta nueva ley, por ejemplo, de “cláusula de conciencia” y “secrecía de las fuentes”, como si en el Estado de México se ejerciera un periodismo primermundista, con profesionales de la información que se la juegan publicando lo que funcionarios patriotas les revelan en secreto, arriesgando todo, y donde los medios pagan bien a sus trabajadores y los respetan por su prestigio y honorabilidad, es decir, no los tratan como esclavos recoge declaraciones, suerte que corren por desgracia la mayoría de los reporteros mexiquenses.

Y no se den por ofendidos, estimados colegas. A quien le quede el saco…

En esta entidad nunca pudo prosperar un periodismo crítico independiente, por dos factores PRImordiales:

1.- La cercanía con la Ciudad de México -incluso su amplísima conurbación en la zona metropolitana- hizo que las redacciones de los grandes medios nacionales dedicaran amplias secciones a la entidad, algunas muy buenas, lo que terminó por eclipsar a los medios locales y convertirlos bien en panfletos publicitarios, o en medios marginados, sujetos a discriminación y falta de recursos, pero todos ellos con audiencias muy limitadas.

2.- El segundo factor es la primacía casi secular, ininterrumpida, del Grupo Atlacomulco en el Poder Ejecutivo, que logró acorralar -textualmente- al periodismo local y reducirlo -no con el paso de los años, sino de las décadas- al papel que juega actualmente casi en su totalidad, con algunas honrosísimas excepciones: compilación de boletines.

Del Congreso morenista se hubiera esperado una ley que obligara a los poderes del Estado a distribuir los gastos de comunicación social en función de la audiencia y del profesionalismo informativo de cada medio. El poder humilla y margina a los periodistas y medios críticos a través del control del dinero.

Empobrecer a quienes los critican es la forma primaria que adopta el poder político para controlar a la prensa. A los necios reincidentes, los agreden y hasta llegan a asesinarlos. Pero el primer paso para el control, es el estrangulamiento económico.

Poner en manos de la burocracia el “mecanismo de protección” a periodistas y defensores de derechos humanos, equivale a confiarle la custodia de los bancos de sangre a Drácula, como le dijimos a Azucena Cisneros hace dos años, pero no nos hizo el menor caso.

La inmensa mayoría de las agresiones contra periodistas proviene de funcionarios públicos y del crimen organizado. Para nadie es un secreto que estas dos instancias operan todavía como una simbiosis funcional en este país. Y a pesar de la grandilocuente y muy agresiva retórica presidencial actual sobre el combate a la corrupción, esa simbiosis goza de cabal salud ¡a casi dos años y medio de la “cuarta transformación”!

Los periodistas sumisos ante la autoridad -que abundan en el Estado de México– no corren ningún peligro, pero siempre son los primeros en apuntarse para que los cuiden. Quizá tienen miedo de la gente a la que han traicionado con su desvergüenza informativa, pero saben perfectamente que el poder está feliz con ellos y les dará todas las prebendas a su alcance.

Los burócratas de Comunicación Social, tanto del Gobierno del Estado como del propio Congreso, por ejemplo, desprecian profundamente a los periodistas críticos y los marginan de los convenios publicitarios (que constituyen el mecanismo perfectamente legítimo del que depende la salud financiera de cualquier medio de comunicación-) aunque su audiencia y calidad informativa sea mayor que la de sus “consentidos”.

La publicidad que paga el GEM está centralizada y se reparte no en función de la audiencia y calidad informativa de cada medio, sino de la capacidad de prostituir su línea editorial.

Tanto Jorge Alberto Pérez Zamudio como el corrupto fósil Horacio Morales Luna -y probablemente su sucesor en la vocería del Congreso, Alfredo Medellín Reyes Retana-, discriminan abiertamente a los medios que no son del agrado del Gobernador y del mandamás de la JUCOPO, Maurilio Hernández.

¡Y eso lo sabe perfectamente la diputada Cisneros que no se atrevió a ventilar ese pequeño asuntito que constituye nada menos que el meollo de las agresiones contra periodistas y medios en la entidad y seguramente en el resto del país!

Ante esa situación, la disyuntiva del periodista es doblegar su línea editorial para que no lo corran. Y seguramente lo van a correr si se atreve a violar los acuerdos de sus jefes con los cancerberos de comunicación social.

En tales condiciones, los medios críticos apenas sobrevivimos con el reconocimiento de algunos jefes de prensa inteligentes que saben muy bien que la prensa chayotera tiene cada vez menos audiencia y que andar quemando incienso al señor gobernador es no solo menos redituable en términos de audiencia y credibilidad, sino escandalosamente vergonzoso porque la irrupción de las redes sociales hace imposible mantener en secreto la penosa actuación de diarios y noticiarios de radio y televisión.

Si se obligara por ley a distribuir el gasto de publicidad gubernamental en función de la calidad y el tamaño de la audiencia de cada medio, seguramente los buenos reporteros ganarían muy bien y no tendrían necesidad de andarle mendigando favores a nadie.

Si se capacitara y prodigaran permisos de portación de armas a los periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, no tendrían que depender de guaruras y mecanismos burocráticos incosteables -con o sin fideicomisos- lentos, torpes y, a menudo, contraproducentes.

Gatopardismo puro es proclamar que se castigarán con penas de 15 a 25 años de prisión los casos de asesinato a periodistas o defensores de derechos humanos, cuando el código penal maraca la misma pena para cualquier homicidio doloso.

Si no asesinan los criminales a los periodistas críticos, los burócratas de comunicación sí los (nos) matan de hambre.

Los periodistas sumisos no quieren armas ni las necesitan. Ellos rentan su pluma y trabajan en medios que alquilan o de plano venden su línea editorial. Ellos, la mayoría, no tienen problemas y están ahora felices con la nueva ley y su “cláusula de conciencia”. ¿No cree usted?