Jueza María Antonia Esteva, revocó anoche el fallo que horas antes había emitido el juez José Gabriel Ramírez Montaño

Ante la indignación general, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió y dejó en libertad al exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de feminicidio en grado de tentativa, al participar en el ataque con ácido perpetrado el 9 de septiembre de 2019 en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.

María Elena Ríos Ortiz, agredida con ácido por exdiputado Vera Carrizal

Este controvertido caso de la absolución y posterior revocación de la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal ha generado una intensa polémica en México, poniendo en evidencia serias fallas en el sistema judicial del país. En primera instancia, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal y a sus coacusados, lo que provocó una ola de indignación pública y denuncias de corrupción. La saxofonista, quien ha luchado incansablemente por justicia desde el ataque con ácido sulfúrico que sufrió en 2019, denunció la decisión en redes sociales, señalando que la corrupción y la impunidad prevalecen en Oaxaca.

Las reacciones de las autoridades no se hicieron esperar. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla condenaron enérgicamente la resolución, calificándola como un reflejo de la corrupción arraigada en el Poder Judicial. La presión social y las críticas provocaron que la jueza María Antonia Esteva Domínguez revocara la liberación horas después, manteniendo a los acusados en prisión preventiva. Además, el juez Ramírez Montaño fue suspendido y es investigado por presuntos actos de corrupción.

Mujeres protestan por ataques con ácido en México

Este caso no solo expone la falta de perspectiva de género en el sistema judicial mexicano, sino que también resalta la urgente necesidad de reformar las instituciones judiciales para garantizar que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a la justicia. La rapidez con la que se tomó la decisión inicial de absolución, la minimización del daño sufrido por la víctima y la omisión de pruebas clave son indicativos de un sistema que falla en proteger a las mujeres. La revocación de la liberación es un paso positivo, pero el daño a la confianza en la justicia ya está hecho, subrayando la profundidad de la crisis institucional que enfrenta el país.