El principal bloque opositor solicitará un juicio político, pues se trata de un “escándalo sin precedentes”

El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un creciente número de denuncias judiciales tras haber promovido la criptomoneda ‘$LIBRA’, que posteriormente fue identificada como un activo sin respaldo en la economía real. Hasta el momento, se han presentado 112 denuncias en su contra, según fuentes judiciales citadas por Infobae.

Los cargos más frecuentes en las acusaciones incluyen fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la Ética Pública y asociación ilícita. Además, algunos denunciantes señalan la posibilidad de cohecho, respaldados por la afirmación del empresario estadounidense Charles Hoskinson, quien asegura que allegados al Ejecutivo argentino le solicitaron sobornos para gestionar una reunión con Milei.

El escándalo estalló después de que el mandatario promocionara ‘$LIBRA’ en su cuenta de X apenas tres minutos después de su lanzamiento, lo que generó sospechas sobre un posible uso de su investidura para favorecer intereses privados. Uno de los impulsores de la criptomoneda, Hayden Mark Davis, reconoció que había asesorado a Milei y que este “respaldó y promovió activamente el proyecto”.

En respuesta, el propio presidente ordenó a la Oficina Anticorrupción (OA) investigar si algún miembro de su gobierno incurrió en prácticas indebidas, aunque sus críticos consideran esta medida un intento de desviar la atención sobre su implicación. Mientras tanto, el principal bloque opositor, Unión por la Patria (UxP), ha anunciado que solicitará la apertura de un juicio político, argumentando que se trata de un “escándalo sin precedentes”.

Desde el oficialismo, la única reacción significativa ha provenido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien presentó a Milei como víctima de una maniobra política para desestabilizar su gobierno, calificando la controversia como un intento de “bajar al presidente”.

La Justicia deberá ahora determinar si Milei incurrió en delitos, en un caso que podría poner a prueba los límites entre el respaldo personal a proyectos financieros y el uso indebido del poder presidencial.