Las autoridades universitarias han cedido en todo, pero “el movimiento” continúa. ¿Por qué?

Renunció Eréndira Fierro -a todas luces la manzana de la discordia- y lo hizo en términos tan encomiables que alguna o algunas de sus igualmente respetables competidoras deberían imitar sin dilación alguna. Pero quienes instigaron su imposición —empeño personal del rector saliente— no se dan por satisfechos. En una sesión nocturna del Consejo Universitario lograron imponer la creación de una comisión para “atender las demandas estudiantiles”, lo que en realidad implica que van por más: buscan “democratizar” la vida universitaria en los mismos términos —o en otros aún más abyectos— con los que pretenden “democratizar” al Poder Judicial.

Exactamente los mismos que claman por “democracia en el Poder Judicial” o “democracia en la Universidad” son quienes aceptaron, con la mayor naturalidad, la imposición por dedazo —apoyada en encuestas patito y recursos públicos— de un sinfín de ejecutivos en todo el país. Y aún se dicen demócratas.

No sabemos con certeza quiénes forzaron la renuncia de Eréndira Fierro, pero no es difícil deducirlo. Los “de antes” —como los denominó, sin decir nombres, el alcalde que lleva lo Moreno hasta en el apellido—, protegiendo así a figuras como El Chapitas Ávila y su porrito Raúl Vargas. O los miembros del Congreso, morenizado hasta el cogote, que desde la legislatura pasada ansían meterle mano a la autonomía universitaria, imponiendo un contralor externo. O los Tiburcio, los Olvera y los Martínez Vilchis, angustiados por lo que pudiera salir a la luz sobre la Estafa Maestra y otros saqueos igual de feroces, aunque más discretos.

“El H. Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, aprobó posponer la etapa de auscultación cuantitativa… hasta en tanto existan las condiciones necesarias para llevarla a cabo; proceso que se concluirá a más tardar el 31 de mayo”, dice, textual, el comunicado oficial redactado anoche sobre las rodillas. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Que se pospone hasta que existan condiciones o hasta el 31 de mayo? ¿Y de qué año?

La obsesión por reducir la vida institucional —que debería ser refugio del conocimiento científico, las bellas artes y la excelencia académica— a un asunto de urnas, propaganda plástica y mayoriteos impuestos por el aparato gubernamental en turno, puede prolongarse meses, quizá años.

Aquí la verdadera pregunta no es si el Poder Judicial debe estar encabezado por los juristas más brillantes y honorables del país. En eso no cabe discusión. La pregunta es: ¿quién debe decidirlo? ¿El “pueblo bueno y sabio”? ¿La academia? ¿El Presidente o Presidenta en turno? ¿El Legislativo? ¿O el propio Poder Judicial, en pleno ejercicio de su autonomía, la cual debe garantizarse a toda costa para evitar la perversión del equilibrio vital entre poderes?

Lo mismo ocurre con la universidad pública. La autonomía —como el amor o la democracia— es un concepto abstracto, pero esencial, al que aspiran hombres y mujeres de buena voluntad en el ejercicio más puro de su vocación humanista (otro concepto, por cierto, prostituido hasta la náusea por los demagogos).

Quien dirija la universidad debería ser un maestro o maestra con doctorado, avalado por la comunidad universitaria —alumnos, profesores, trabajadores— como sabio y decente. Así de simple. Y no se necesita una larga lista. Basta con una figura como Javier Barros Sierra o Pablo González Casanova, personas con las que valía la pena luchar en movimientos estudiantiles verdaderamente épicos, ajenos a la ambición de políticos mediocres. ¿No cree usted?