Horacio Duarte y el presunto velo de impunidad revelado por Héctor de Mauleón

Los recientes ataques judiciales contra el periodista Héctor de Mauleón y El Universal no solo representan una preocupante embestida contra la libertad de expresión en México que contradice todos los encomiables esfuerzas de Claudia Sheinbaum para preservarla, sino que revelan también el intento deliberado de censurar investigaciones periodísticas que exhiben redes de corrupción donde confluyen poder político, fuerzas armadas y operadores electorales de Morena, al margen de la narrativa presidencial. En el centro de esta tormenta el propio De Mauleón ubica hoy al secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, cuya cercanía con personajes señalados por presuntos actos delictivos no puede seguir pasándose por alto.

La columna de De Mauleón, basada en documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, evidencia cómo el entonces Administrador General de Aduanas, Duarte, designó como su enlace exclusivo con la Secretaría de la Defensa Nacional a su secretario particular, Juan Carlos Madero Larios, quien fue posteriormente señalado por el propio general Luis Cresencio Sandoval de recibir sobornos relacionados con el contrabando de hidrocarburos y otros ilícitos en distintas aduanas del país. A pesar de las advertencias, Madero Larios no fue removido del cargo, ni procesado penalmente. Más aún, Duarte no solo eludió cualquier consecuencia, sino que fue premiado con la coordinación de la campaña electoral de Delfina Gómez en el Estado de México, y hoy funge como una de las figuras más influyentes del nuevo gobierno estatal.

Esta cadena de omisiones y encubrimientos retrata una estructura de complicidades que trasciende lo administrativo y lo militar, alcanzando lo electoral y lo judicial. No es casualidad que la censura contra De Mauleón provenga de un tribunal electoral dominado por operadores ligados a Morena, ni que la candidata a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas sea familiar del ex secretario particular señalado por corrupción. El uso del aparato judicial para silenciar al periodismo no busca proteger la legalidad, sino mantener intacta una red de intereses que se beneficia del silencio.

Raymundo Riva Palacio lo advierte con claridad: no se trata únicamente de un intento de censura contra un periodista, sino de una estrategia de Estado para criminalizar la crítica y blindar a quienes han hecho del servicio público una vía para enriquecerse o proteger a sus cómplices. El INE, bajo el mando de Guadalupe Taddei, también quedó exhibido al facilitar información personal del periodista, en una clara violación de los derechos de protección de datos personales.

La figura de Horacio Duarte emerge como símbolo de esta trama: un operador central del obradorismo, beneficiado por la confianza presidencial y blindado por la estructura política de Morena, que hasta hoy no ha respondido por los señalamientos documentados de corrupción en su entorno más cercano. Que un funcionario así ocupe hoy un cargo clave en el gobierno del Estado de México no solo plantea preguntas incómodas, sino que exige respuestas institucionales y periodísticas.

La prensa no puede ni debe callar ante el avance de una cultura de impunidad institucionalizada, que persigue a quien investiga en lugar de castigar al corrupto. Si Horacio Duarte no tiene responsabilidad alguna en los actos de su secretario, que lo aclare. Pero si sabía y permitió, su presencia en el gabinete mexiquense es una amenaza directa a la legalidad y a la transparencia.

En una democracia, el silencio es complicidad. Y hoy, el periodismo independiente está pagando el precio de hablar donde otros prefieren callar. Pero es precisamente por eso que no puede ni debe retroceder. Por lo pronto, Código Magenta publica hoy mismo que Tania Contreras y Juan Carlos Madero Larios, fueron denunciados por el PAN de Tamaulipas ante la Embajada de Estados Unidos, por narcohuachicol.