No solo narcos: en Edomex también gobiernan los sindicatos de la extorsión y el despojo

Mientras el discurso oficial insiste en señalar al narcotráfico como la principal amenaza al Estado de Derecho en el país, en el Estado de México se despliega a plena luz del día una red de criminalidad que, sin necesidad de plantíos ni laboratorios, se apropia con violencia de lo que no le pertenece: casas, predios, contratos de seguridad, cuotas vecinales y hasta la voluntad de autoridades que fingen no ver… o cobran por hacerlo.

Los hallazgos del Operativo Restitución, reportados por Ximena García en El Sol de Toluca, (con base en su reportaje para El Sol de México del 16 de mayo) son escandalosos: al menos 268 inmuebles recuperados en apenas dos meses, más de 20 detenidos y una lista creciente de sindicados por despojo, extorsión, amenazas, uso de documentos falsos y vínculos con desapariciones y narcomenudeo. Y no hablamos de células dispersas, sino de estructuras bien organizadas que operan como mafias territoriales con protección oficial.

Ahí aparecen, otra vez, los nombres que Héctor de Mauleón lleva meses documentando: USON, Los 300, 22 de octubre, entre otros. Grupos que se presentan como sindicatos o luchadores sociales, pero que despliegan prácticas propias de cárteles: amenazas a vecinos, toma violenta de fraccionamientos, imposición de cuotas, uso de notarios complacientes y despliegue de “guardias” integradas por extranjeros sin regulación alguna.

El caso del fraccionamiento Bosques de los Héroes, narrado por De Mauleón, es paradigmático: una comunidad sitiada por uno de estos “sindicatos”, cuyo supuesto representante llegó a pedir 300 mil pesos mensuales a cambio de protección. Un esquema más cercano a la camorra napolitana que a una asociación de trabajadores.

Pero lo más grave no es el descaro con el que operan, sino la red de complicidades que los sostiene. Como admitió el vicefiscal Martín Marín Colín, estos grupos no actuarían sin el respaldo —por omisión o comisión— de funcionarios de catastros, desarrollo urbano, IFREM y notarios públicos que avalan documentos falsos o ignoran la ilegalidad de los procesos. Es decir, la institucionalización del despojo.

Así que no. El crimen organizado en el Edomex no solo trafica drogas: también legaliza ocupaciones, expulsa ancianas de sus casas y a las que se defienden las vinculan a proceso, convierte viviendas abandonadas en gaseras clandestinas y transforma a los sindicatos en aparatos de control social. Una forma de narcopolítica sin narcos, pero con las mismas reglas de impunidad, terror y captura del Estado.

Y todo esto, con nombres y apellidos. Los mismos que están en las listas de la Fiscalía. La pregunta es: ¿cuánto más se les permitirá avanzar? ¿Cuántos fraccionamientos más deberán ser tomados por “guardias” sindicales, cuántas viejitas expulsadas, cuántos presidentes de mesa directiva amenazados o desaparecidos antes de que se actúe con algo más que boletines?

Porque si algo ha quedado claro es que en el Estado de México ya no se necesita una célula del CJNG para sembrar miedo: basta con una sigla sindical, un sello notarial y la bendición de algún funcionario local.

Y ahí están los nombres y apellidos, dice De Mauleon en su columna de El Universal:

“En una lista elaborada por la Fiscalía del estado, además de la USON y el Sindicato Nacional 25 de Marzo, dirigidos ambos por Guillermo Fragoso Báez, alias El Jefe, aparecen por ejemplo Los Mayas (sindicato encabezado por Juan Manuel Torres Maya), el Corporativo Mexiquense (a cuyo frente está David Magaña Argote), el Grupo Guerrero (de Martín Filiberto Hernández del Monte), La Chokiza (liderada por Alejandro Gilmare Mendoza Díaz) el Sindicato Libertad (de Juan Carlos Terán de la Cruz), y Los 300, que dirigió el recientemente detenido Luis Alfaro Espinoza, El Conejo”.