Enfoques contradictorios sobre el nuevo rescate financiero de Pemex en La Jornada y Proceso

El contraste entre las notas publicadas por Proceso y La Jornada sobre la más reciente maniobra financiera del gobierno federal para rescatar (una vez más) a Pemex, ilustra con claridad el desconcierto —o la deshonestidad deliberada— que reina en la política de comunicación de la autollamada Cuarta Transformación. Mientras una nota expone la realidad cruda y técnica de una operación financiera de alto riesgo que compromete al erario mexicano a través de un esquema opaco en Luxemburgo, la otra vende una versión edulcorada donde el gobierno se deslinda alegremente de toda responsabilidad, como si se tratara de magia contable sin consecuencias.

En Proceso, se revela que la SHCP diseñó —con asesoría de JP Morgan— una estructura con sede en Luxemburgo que, bajo el disfraz de “notas precapitalizadas” (P-Caps), traslada el riesgo de impago de Pemex directamente al gobierno mexicano, es decir, a los contribuyentes. Aunque se insiste en que “no es una garantía directa”, los documentos revelan que, en caso de incumplimiento, se activará automáticamente la emisión de deuda soberana (“Mexico Notes”). Una deuda contingente, sí, pero deuda al fin.

En cambio, La Jornada titula con entusiasmo: “Emite Hacienda bonos que darán más liquidez a Pemex”, y repite como mantra que “no es deuda nueva” ni representa garantía estatal. Expertos citados por el diario aseguran que es una operación virtuosa que aprovecha la buena calificación crediticia del país para darle un respiro a Pemex. Aquí no hay Luxemburgo, ni cláusulas de sustitución de pago, ni riesgos sistémicos. Todo es parte del “plan integral” de la presidenta Sheinbaum, una suerte de alquimia financiera que transforma deuda en virtud. Visión reforzada en la columna de Enrique Quintana “La ‘fórmula secreta’ para rescatar a Pemex“, de El Financiero, por ejemplo.

Este contraste no es anecdótico. Revela una profunda contradicción en la forma en que el gobierno comunica (o manipula) la información financiera de mayor impacto para el país. Por un lado, se recurre a mecanismos complejos y poco transparentes para seguir transfiriendo recursos públicos a una empresa quebrada, y por otro, se intenta mantener una narrativa de fortaleza fiscal, limpieza contable y supuesta autosuficiencia energética.

La paradoja es brutal: el mismo gobierno que presume una política de austeridad republicana, que demoniza a los “neoliberales” y sus prácticas de endeudamiento, recurre ahora a sofisticadas herramientas financieras que hacen parecer las trapacerías de los tecnócratas del pasado como juegos de niños. Se endeuda por la puerta trasera, lo disfraza de “instrumentos de inversión” y celebra como logro lo que, en los hechos, es un nuevo salvavidas para una empresa incapaz de sostenerse sola.

Al final, más allá del relato oficial, la realidad es que Pemex sigue siendo una carga estructural para las finanzas públicas. Y mientras el gobierno busca que la deuda no parezca deuda, el contribuyente mexicano sigue siendo el aval involuntario de una petrolera en ruinas, atrapado entre el cinismo técnico de Luxemburgo y el populismo retórico de Palacio Nacional.