La Barredora, ¿punto de quiebre entre Sheinbaum y AMLO? AL GRANO. Por Jesús López Segura
Las burlas descaradas de Adán Augusto López solo se explican por el respaldo de su “hermano”
El caso de Hernán Bermúdez Requena, alias el Comandante H, exhibe con crudeza la putrefacción del aparato de seguridad en Tabasco y el grado de sometimiento de las instituciones frente al crimen organizado. Desde 2020, apenas nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, Bermúdez tejió una alianza con el CJNG que le permitió coordinar a grupos locales como La Barredora, dar “licencias” para delinquir y hasta decidir dónde y cómo asesinar para maquillar las cifras de violencia en Tabasco, exportando la sangre a Chiapas, según informe detallado de El Universal.
Las filtraciones militares —ahora públicas— no dejan margen de duda: el secretario de Seguridad operaba como jefe de plaza con uniforme oficial, autorizando huachicoleo en Dos Bocas, tráfico de migrantes desde Guatemala, ejecuciones y extorsiones, todo bajo la complacencia del poder político. Y, sin embargo, Adán Augusto no solo lo mantuvo en el cargo: lo protegió. El silencio cómplice del gobierno federal agrava aún más la sospecha de que la “pacificación” de Tabasco fue, en realidad, la institucionalización del crimen.
Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema que no admite dilación: o asume con firmeza la depuración de los cuerpos de seguridad y rompe de una vez por todas con ese legado tóxico, o heredará la misma corrosión que permitió que un funcionario estatal se convirtiera en virrey del delito. La evidencia es aplastante, los nombres y las rutas delictivas están ahí. Lo que falta —y urge— es decisión política. Porque mientras se siga tolerando que gobernadores pacten con capos disfrazados de secretarios de Seguridad, México no tendrá Estado, sino feudos criminales con credencial oficial.
Ese mismo patrón de impunidad es el que hoy sostiene a Adán Augusto en el Senado. El escándalo de los 79 millones de pesos no declarados en sus informes patrimoniales, sus vínculos con empresas fantasma y contratistas de su propio gobierno, y la sospechosa parsimonia de las autoridades anticorrupción, exhiben que el blindaje político lo protege más que cualquier ley. No es coincidencia: su verdadero “santo patrono” -como afirma Raymundo Riva Palacio en su columna de El Financiero– se llama Andrés Manuel López Obrador, quien se resiste a soltarlo porque toda crítica contra su delfín de Tabasco la interpreta como un ataque personal.
Claudia Sheinbaum, atrapada entre la obediencia pública al expresidente y la urgencia de limpiar la cloaca que éste le heredó, juega con el tiempo en contra. Mientras la presidenta titubea, Adán Augusto se pasea con el desparpajo del intocable: ayer jefe de un estado convertido en feudo criminal, hoy senador blindado por la nostalgia de un líder que se niega a desaparecer. Lo que está en juego ya no es solo la credibilidad de su gobierno, sino el mínimo vestigio de autoridad del Estado mexicano. Porque mientras los “doble A” se mantengan blindados en la política y en la impunidad, el crimen seguirá teniendo patronos más poderosos que la ley.
