Los huachicoleros del agua desafían al Estado. Sheinbaum escurre el bulto hacia Delfina Gómez
Operativo Caudal ha desatado una tormenta que revela el poder de los piperos en el Valle de México
Por Jesús López Segura
El cierre de pozos ordenado por la Fiscalía del Estado de México, en el marco del llamado Operativo Caudal, ha desatado una tormenta que revela la magnitud del poder que han acumulado los huachicoleros del agua en el Valle de México. Su reacción —bloqueos simultáneos de vialidades, paros de piperos y amenazas de nuevas movilizaciones— no sólo exhibe la profundidad del negocio ilegal, sino también el miedo político que provoca enfrentarlos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, consciente del costo y del calibre del enemigo, decidió evitar el tema en su conferencia de esta mañana. Alegó que se trata de una operación bajo responsabilidad de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, y de la Fiscalía estatal. Un deslinde tan calculado como elocuente: cuando el agua se convierte en territorio del crimen, nadie quiere mojarse las manos.
En los hechos, el Valle de México enfrenta una rebelión de piperos. Desde Ecatepec hasta Texcoco, pasando por la México-Pachuca y la López Portillo, los conductores de pipas bloquearon este fin de semana arterias cruciales en protesta por la clausura de pozos y tomas clandestinas. Los manifestantes aseguran que los operativos afectan también a quienes trabajan “con permisos”, aunque las cifras oficiales los desmienten: sólo en el último operativo se localizaron 51 pozos y 138 tomas ilegales, además del decomiso de 322 pipas.
En Tepotzotlán, un nutrido grupo de piperos tomó la caseta de la autopista y levantó las plumas, dejando pasar libremente los vehículos como muestra de fuerza. No es una simple protesta laboral; es un pulso al Estado mexicano. Y el Estado, por ahora, se muestra temeroso.
El Operativo Caudal, desplegado en 48 municipios, pretende atacar un fenómeno que ya rebasa la categoría de delito común. Entre 2019 y 2022 se registraron casi 15 mil pinchaduras de ductos de agua en el Estado de México, lo que lo coloca sólo detrás de Aguascalientes a nivel nacional. Los números hablan de una estructura paralela de distribución, control territorial y corrupción institucional que no podría existir sin complicidades dentro de los gobiernos municipales y estatales.
Mientras tanto, la población sufre el impacto directo: familias, restaurantes, purificadoras y pequeños negocios quedaron sin abasto de agua en el Valle de Toluca tras la suspensión del servicio de pipas. La paradoja es brutal: el combate al robo del agua castiga primero a los sedientos, no a los saqueadores.
Lo más grave, sin embargo, es el mensaje político. El silencio de Sheinbaum ante el conflicto no sólo exhibe prudencia, sino debilidad. Ceder el protagonismo a Delfina Gómez equivale a reconocer que el poder de los huachicoleros del agua no se mide ya en litros, sino en votos, dinero e intimidación.
Los bloqueos de este fin de semana confirman lo que los reportes de inteligencia ya advertían: el robo de agua se ha convertido en un negocio tan lucrativo y violento como el de los combustibles. En regiones como Ecatepec o Tepotzotlán, los “empresarios del líquido” controlan comunidades enteras y operan con una red logística digna de cualquier cártel.
El dilema de Sheinbaum es claro: enfrentar a estos grupos significa desafiar también a quienes los protegieron y se beneficiaron durante el sexenio anterior. Por eso, el silencio presidencial dice más que mil declaraciones. Y mientras tanto, el agua sigue fluyendo —no por los cauces del Estado, sino por las venas del crimen organizado.
