Militares acribillan a dos niñas con 119 disparos. AL GRANO. Por Jesús López Segura

La columnista de El Universal Maite Azuela, analiza el horror de la “seguridad” militarizada

En su columna “Militares acribillan a dos niñas”, publicada en El Universal, Maite Azuela entrega uno de los textos más demoledores —y necesarios— de la temporada. Y lo hace sin rodeos: 119 disparos contra una camioneta con civiles, entre ellas Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7, no pueden disfrazarse como “confusión”, “fuego cruzado” ni ninguna de esas frases burocráticas con las que el Estado mexicano acostumbra maquillar su barbarie. Azuela exhibe, con lúcida indignación, la única verdad posible: eso no fue un operativo fallido, sino un acto de deshumanización absoluta.

La autora desarma el discurso militar con una claridad brutal: para descargar un fusil 119 veces no basta una orden; se necesita haber perdido por completo la noción del otro como ser humano. Y la pregunta que coloca en el centro es tan incómoda como urgente: ¿en qué momento la Sedena entrenó a sus soldados para que la sospecha valiera más que la vida?

Pero Azuela no se queda en el horror del momento. Su indignación crece cuando revela lo que ocurrió después: la maquinaria de impunidad se activó más rápido que las propias balas. Soldados recogiendo casquillos, alterando la escena, mintiendo con el gastado libreto del “nos dispararon desde el cerro”. La FGR, siempre tan audaz para perseguir tuiteros, pero tan lenta para investigar uniformados, llegó tarde, mal y con una complacencia que evoca —inevitablemente— Tlatlaya, Ayotzinapa y tantos expedientes calcados del mismo molde: la verdad militar como verdad de Estado.

Azuela subraya el insulto jurídico que cierra el círculo de impunidad: nadie está procesado por homicidio —ocurrido en mayo pasado—, y los 13 militares señalados duermen cómodamente en un cuartel, acusados solo de “desobediencia”. Porque en el México del militarismo desbordado, matar niñas es tratado por la Sedena como si el soldado hubiera llegado tarde a pasar lista.

Y por si faltara cinismo, aparece la CNDH, ese organismo que cada día se parece más a una ventanilla de conciliación laboral que a una institución de derechos humanos: un mes después del crimen sugirió aceptar una indemnización. Un cheque para tapar el asesinato de dos niñas. Un cheque para callar. Un cheque para olvidar.

El golpe final de la columna —y quizá el más certero— es el retrato del blindaje institucional que protege a la Sedena: un manto de impunidad tan grueso que convierte cada abuso en excepción, cada irregularidad en trámite, cada crimen en “asunto interno”. Ese blindaje, denuncia Azuela, no solo protege a los perpetradores: erosiona el Estado de derecho y normaliza que la violencia se ejerza con uniforme, presupuesto y aplauso oficial.

Azuela no exagera cuando afirma que este crimen no es un caso aislado, sino un espejo en el que México se niega a mirarse: un país que entregó su seguridad a una fuerza castrense con poder creciente, supervisión nula y la convicción tácita de que nunca pagará por sus errores porque, para efectos prácticos, no tiene jefe civil que la cuestione.

El resultado es devastador: una familia desplazada en Culiacán, sin protección y sin justicia; dos niñas asesinadas; y una institución militar que sale del episodio igual que entró: intocable.

La columna de Azuela es, en el fondo, un acta de defunción del discurso oficial que presume “humanismo mexicano”. Y también un recordatorio feroz de que cuando el Estado mata niñas y lo llama “desobediencia”, el problema no es solo la Sedena: es el país entero que permite que eso ocurra sin romperse.

Una lectura imprescindible, incómoda y que, en cualquier nación civilizada, ya habría desatado renuncias, investigaciones y disculpas públicas. En México, en cambio, apenas levanta algunas cejas.
Y ese, quizá, es el mayor horror de todos.