Por su parte, Morena intenta legalizar constitucionalmente la castración completa del Poder Judicial

AL GRANO. Por Jesús López Segura

La confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial en México se intensifica con dos movimientos recientes que buscan limitar la influencia de la Suprema Corte en una de sus tareas sustantivas. Por un lado, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, presentó una iniciativa de reforma para que las modificaciones a la Constitución no pueden ser impugnadas mediante amparos ni acciones de inconstitucionalidad. Por otro lado, el Partido del Trabajo (PT) solicitó un juicio político contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los que califica de sediciosos, acusándolos de obstaculizar la renovación del Poder Judicial y de actuar en “desacato” contra las reformas promovidas por el Ejecutivo. Los patos tirándole a las escopetas.

La iniciativa de Morena pretende “blindar” las reformas constitucionales al reafirmar que estas representan la voluntad soberana del pueblo y, por lo tanto, no deben ser frenadas por el Poder Judicial. Esta propuesta, que ya fue enviada a comisiones, refuerza la visión de que los cambios a la Carta Magna son prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo, excluyendo la posibilidad de control judicial. En palabras de López Hernández, el Poder Judicial no debería intervenir en estas reformas, ya que hacerlo socavaría la voluntad popular expresada a través del poder reformador. Vaya forma de explotar una mayoría espuria en el Congreso, alcanzada con violaciones sistemáticas a las leyes electorales.

Adán Augusto López se burla de los derechos humanos | Cartón | El Economista

Simultáneamente, el PT intensificó su ofensiva contra la SCJN al presentar una golpista solicitud de juicio político contra ocho ministros, acusándolos de violar los principios de legalidad y atacar el constitucionalismo mexicano. En resumen, las acciones de Morena y el PT en conjunto parecen encaminadas a blindar el poder reformador del control judicial, lo que plantea serias dudas sobre el futuro de la democracia y el equilibrio de poderes en México.

La columna de Raymundo Riva Palacio “Camino a la perdición” destaca la tensión entre Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial tras su reacción durante un foro en Harvard, donde las risas ante los comentarios del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fueron vistas por ella como una burla hacia México, cuando en realidad estaban dirigidas a Morena y su propuesta de reforma judicial.

Sheinbaum sugirió a los machuchones de Harvard (cuando las carcajadas burlonas fueron de estudiantes) realizar una investigación sobre la corrupción del Poder Judicial mexicano y defendió la elección de jueces por voto popular, algo que no existe a nivel federal en EE. UU. Sin embargo, su negativa a acatar una orden judicial de la jueza Nancy Juárez Salas, que suspendió la promulgación de la reforma del Poder Judicial, constituye desacato y sienta un mal precedente.

Sheinbaum se niega a acatar orden judicial de la jueza Nancy Juárez Salas sobre reforma constitucional

Raymundo Riva Palacio subraya dos precedentes importantes:

En 2014, integrantes de Morena, como Ernestina Godoy y Ricardo Monreal, solicitaron un amparo contra la reforma energética de Peña Nieto.

Arturo Zaldívar, como ministro de la Corte, afirmó que la Suprema Corte tiene la facultad de frenar reformas constitucionales si estas van en contra de los principios fundamentales.

Riva Palacio critica a Sheinbaum por no recibir una asesoría jurídica adecuada y la acusa de seguir directrices ideológicas, lo que la está llevando a cometer errores legales graves que juristas destacados de todo el mundo empiezan a cuestionar de manera contundente.