Vector, CIBanco e Intercam han jugado un papel central en operaciones de cárteles mexicanos

En un escándalo de proporciones internacionales que compromete tanto al pasado como al presente del poder político y financiero en México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto en la mira a tres instituciones mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco— por su presunto papel central en el lavado de dinero del narcotráfico, particularmente ligado al tráfico de fentanilo y a sobornos multimillonarios a altos funcionarios.

El caso más explosivo recae sobre Vector, firma propiedad del empresario Alfonso Romo, mano derecha de López Obrador y exjefe de la Oficina de la Presidencia. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Vector habría facilitado operaciones financieras durante los sexenios de Calderón y AMLO, vinculadas tanto al Cártel de Sinaloa como al Cártel del Golfo, mediante el uso de empresas fantasma y transacciones encubiertas con compañías chinas proveedoras de precursores químicos para producir fentanilo. De 2019 a 2023 —es decir, en pleno auge de la autodenominada “Cuarta Transformación”— Vector transfirió más de 17 millones de dólares a empresas chinas sospechosas, en operaciones que, según Washington, difícilmente pueden considerarse simples descuidos regulatorios.

Pero la cereza del pastel llegó con la revelación de que Vector también blanqueó más de 40 millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado a 38 años de prisión en EE.UU. por proteger a ese mismo grupo criminal. Las transacciones se realizaron, en parte, mientras Romo era funcionario de alto nivel en el gobierno de AMLO, lo que convierte al caso en un incómodo recordatorio de que el combate al narco en México suele ser más retórico que real y oficialmente reconocía que a los criminales habría que abrazarlos en lugar de balacearlos.

CIBanco no se queda atrás en la lista de “preocupaciones principales” del Tesoro estadounidense. La institución está relacionada con los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo, y ha sido señalada por facilitar, deliberadamente, cuentas para operaciones de blanqueo, incluyendo una en 2023 que permitió mover 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo. Su historial de transferencias hacia compañías chinas desde 2019 refuerza el patrón sistemático de complicidad financiera con redes criminales transnacionales.

En el caso de Intercam Banco, la narrativa no es menos comprometedora. FinCEN detectó reuniones entre ejecutivos de la institución y operadores del CJNG, así como una red de transferencias desde México hacia Asia que facilitó la adquisición de precursores químicos esenciales para la fabricación de opioides. Entre 2021 y 2024, Intercam habría procesado más de 8 millones de dólares en operaciones ligadas al tráfico de metanfetaminas y fentanilo.

La gravedad de las acusaciones llevó al gobierno estadounidense a prohibir determinadas transferencias de fondos con estas tres entidades bajo la Ley FEND Off Fentanyl, utilizada por primera vez para atacar los flujos financieros que alimentan la epidemia de opioides. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue tajante: “Estos bancos no son simples intermediarios. Son engranajes críticos de la maquinaria del narco”.

Mientras tanto, en México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido con una mezcla de escepticismo técnico y nacionalismo retórico, pidiendo “pruebas contundentes” y asegurando que no hay impunidad, pero tampoco subordinación. Un discurso que suena cada vez más hueco frente a los montos, los nombres y las fechas expuestas por FinCEN.

El caso deja una lección amarga: el lavado de dinero en México no sólo pasa por túneles subterráneos o maletas en efectivo, sino también por corredores de alfombra, pantallas bursátiles y amistades incómodas. Y lo que en Washington ya se investiga como terrorismo financiero, en Palacio Nacional se sigue tratando como si fueran simples “dichos”.