Los primeros y últimos responsables de Ayotzinapa se llaman Enrique Peña y Ángel Aguirre. Por Jesús López Segura / La Versión no Oficial
¿Será capaz el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reconocer esa verdad simple y llana?
Ayotzinapa ha logrado instalarse en la historia viva de la conciencia mexicana por la necedad del peñismo en ocultar las huellas de la masacre de 43 jóvenes ante la incansable demanda de sus padres y madres que reclaman los cuerpos desaparecidos.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” es un slogan desgarrador que refleja la tozuda persistencia de los deudos desesperados por saber la verdad sobre el paradero de los suyos.
Si se hubiera tratado de una matanza más, atribuida como de costumbre al “crimen organizado”, Ayotzinapa ya se hubiera olvidado parcialmente desde hace 5 años y no formaría parte esencial de la agenda de Derechos Humanos del Gobierno de la 4T.
Si el peñismo no se hubiera obstinado en enmascarar la matanza, encubriendo a sus perpetradores intelectuales, Ayotzinapa estaría en la lista de masacres multitudinarias acontecidas al amparo de la locura prohibicionista en materia de drogas llevada al extremo por Felipe Calderón y continuada con una perversidad inmensa por Enrique Peña Nieto.
¿Alguien recuerda las fechas precisas de las ejecuciones sumarias perpetradas por los soldados en Tlatlaya, o el aniversario preciso de las matanzas en Apatzingán y Tanhuato?
Ayotzinapa (de Peña Nieto) no será olvidada jamás, como ocurre en los casos históricos de Tlatelolco (de Díaz Ordaz) y el Halconazo (de Echeverría), porque a la bestialidad de la masacre y desaparición masiva de jóvenes estudiantes, se suma la infamia del ocultamiento de la verdad.
Tanhuato
Se trata de la muerte de 43 personas, en Rancho del Sol, en el estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015, en un enfrentamiento entre un supuesto “grupo armado” y la Policía Federal.
El informe es demoledor para el gobierno de Peña Nieto y para todos aquellos que aceptaron ciegamente la versión oficial de que los 42 muertos no pertenecientes a las fuerzas públicas murieron en una refriega, en la que la Policía Federal resultó ser a tal grado superior en armamento y pericia que logró un saldo a su favor de 42 versus 1.
Acteal
En este suceso ocurrido el 22 de diciembre de 1997, fueron asesinados 45 indígenas de la etnia Tzotzil, pertenecientes a comunidad de Acteal. Aún no hay detenidos por la masacre. Algunos señalan como responsables al Gobierno.
San Fernando
El 24 de agosto de 2010, 72 cadáveres de inmigrantes fueron hallados en una bodega abandonada en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en México, calificó el asesinato de 72 inmigrantes como grave violación de derechos humanos.
Una segunda matanza ocurrió en 2011. En varias fosas comunes hallaron 193 cadáveres. Se dice que son más de 500, pero que el Gobierno de Tamaulipas niega a revelar las cifras correctas de la masacre.
Informes oficiales señalan a la banda delictiva “Los Zetas” como los responsables de ambas masacres.
Tlataya
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la madrugada del 30 de junio de 2014, un enfrentamiento entre militares y una banda delictiva dejó un saldo de 22 civiles muertos y un militar herido.
Evidencias presentadas en julio de 2015, por un grupo de defensores de derechos humanos en México apuntan a que el Ejército asesinó a quemarropa a la mayoría de los presuntos delincuentes en una bodega del pueblo de Tlatlaya.
El intento de Eruviel Ávila, el Gobernador mexiquense, de encubrir esta matanza, felicitando públicamente al Ejército mexicano por “haber enfrentado en buena lid a un grupo de delincuentes”, fue realizado de manera tan torpe que terminó dándole a esa ejecución sumaria la publicidad que no habría tenido sin ese intento fallido de ocultamiento de la verdad.
La verdad es la clave para la solución del caso Ayotzinapa que hoy cumple un quinto aniversario de mentiras.
Veremos si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es capaz de juzgar a los primeros responsables de semejante atrocidad, que no pueden ser otros que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex gobernador Ángel Aguirre, porque el operativo complejísimo puesto en marcha para enterrar la verdad no podría haberse realizado sin su autorización.
