Catalina Pérez Correa advierte sobre la instauración de un régimen autoritario camuflado de legalidad

Pese a los rotundos fracasos de la Guardia Nacional (GN) en casi todos los indicadores clave de seguridad, el obradorismo no sólo insiste en mantenerla, sino que amplía sus atribuciones, permitiendo que sus mandos militares intercepten comunicaciones privadas, realicen operaciones encubiertas y hasta aspiren a cargos civiles o de elección popular. Una estrategia que no apunta a resolver la violencia, sino a consolidar el poder castrense en la vida pública del país, situación que niega rotundamente la Presidenta Sheinbaum con el único argumento de su propia convicción, alentada por la horda de lambiscones que la rodean en la Mañanera.

La GN, creada en 2019 por López Obrador con el discurso de devolver la paz al pueblo, no ha hecho sino administrar —y profundizar— el desastre: más homicidios, más desapariciones, menos detenciones. México terminó el sexenio obradorista con 193 mil 377 asesinatos, 23% más que con Peña Nieto y 59% más que con Calderón, el primer impulsor de la militarización. Los desaparecidos también se dispararon: 57% más que en el sexenio anterior. Todo esto con un cuerpo compuesto mayoritariamente por militares (87% entre Ejército y Marina), que apenas realiza 0.071 detenciones por elemento al año. La Guardia Nacional no actúa: desfila, sugiere en un rudo reportaje la revista Proceso.

Y mientras la ineficacia queda documentada con cifras escalofriantes, la aprobación popular de la GN se mantiene alta (77.2%), alimentada por la narrativa épica del comandante en jefe de la 4T y por la histórica confianza en las Fuerzas Armadas. Pero detrás de la imagen de orden se esconde un historial de violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y una peligrosa opacidad que se agravará con la desaparición del INAI, convenientemente eliminada por el mismo régimen que militarizó la seguridad pública sin permitir su fiscalización.

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, dirigido por Ernesto López Portillo, lo sintetiza con claridad: la GN representa un modelo obsoleto basado en la fuerza, no en la prevención ni en la inteligencia. Ni investiga delitos ni trabaja con las comunidades. Funciona como instrumento de propaganda, no como solución operativa y, encima, bajo la absurda orden de no intervenir para honrar la inaudita política de “abrazos, no balazos”.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum se dedica cotidianamente a desmentir las alertas ciudadanas y de la comentocracia, y en lugar de desmantelar el fallido experimento castrense, le suma un aparato civil paralelo —la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recargada, al mando de su leal Omar García Harfuch— con funciones similares, lo cual augura fricciones entre civiles y militares, sin que nadie se atreva a ponerle un alto a la fuerza armada que ya no rinde cuentas ni al Congreso.

En su incisiva columna de El Universal “Guárdanos de la Guardia”, Catalina Pérez Correa desmonta con datos, casos y una lógica demoledora la narrativa oficial que presenta a la Guardia Nacional (GN) como pilar de la seguridad pública en México. Muy lejos de ser una solución, la GN aparece como una amenaza activa y creciente para los derechos civiles, la transparencia democrática y el orden constitucional.

Desde su inicio, señala la autora, la GN fue un proyecto engañoso: creada con fachada civil pero operada por militares desde el primer día. El obradorismo insistió en que no había riesgo, porque “el presidente es civil”, como si la figura presidencial bastara para anular el ADN militar de la institución. Hoy, con reformas recientes, ese “matiz civil” se ha borrado por completo, y la GN ya puede realizar espionaje sin orden judicial, detener civiles, e incluso postularse a cargos de elección popular, con toda la venia del Congreso y sin ningún contrapeso institucional que los vigile.

Pérez Correa aporta evidencia contundente de un patrón de abusos sistemáticos: casos recientes como la detención de guardias ebrios que liberan criminales en Puebla, la denuncia de una diputada que los acusa de actuar como cómplices del crimen organizado, y más de 8,600 denuncias formales contra sus elementos en menos de tres años, muchas por extorsión o abuso de autoridad. Además, investigaciones de organismos como UNICEF o la Ibero documentan uso desproporcionado de la fuerza contra mujeres migrantes, incluso embarazadas, y el uso de armas no letales de forma agresiva en retenes y operativos.

Lo más preocupante, apunta la autora, no es solo el historial violento y corrupto de la corporación, sino el contexto institucional en el que se expande su poder: sin transparencia (tras la desaparición del INAI), con un Poder Judicial debilitado y bajo amenaza, y con tribunales militares cerrados al escrutinio civil. En ese vacío, la GN se convierte en una suerte de Estado dentro del Estado, con licencia para operar por encima de la ley, espiar y participar en política.

El punto que enciende todas las alarmas democráticas es la nueva facultad para que sus integrantes aspiren a puestos de elección popular. Lo que parecía un escenario propio de ficciones distópicas empieza a tomar forma: militares con poder armado, información clasificada y ahora con ambiciones electorales, dentro de un sistema cada vez más controlado por un solo grupo político.

La autora ironiza con amarga lucidez al final: “¿Qué podría salir mal?” La respuesta, implícita, es: todo.

Pérez Correa no solo denuncia un modelo fallido de seguridad pública, sino la instauración paulatina de un régimen autoritario camuflado de legalidad. Su columna es una alerta temprana, documentada y urgente sobre los peligros de militarizar la vida pública sin controles ni responsabilidad democrática.