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Editorial

Medina Mora bota el cargo, despreciando la Constitución que debía defender: Por Jesús López Segura / LA VERSIÓN NO OFICIAL

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Senadores le dan la oportunidad de expresar sus motivos, pero él los desdeña

Hay un alegato intenso sobre la forma en que Eduardo Medina Mora dejó el cargo de ministro de la Suprema Corte. En esta disputa dolosa de interpretación de una ley participan, por una parte, quienes defienden al ex ministro -políticos, empresarios y opinadores profesionales- porque representa sus intereses, como es el caso de Gustavo de Hoyos. En el bando contrario, están quienes interpretan mal el artículo constitucional que garantiza la estabilidad en el puesto de los ministros de la Corte, estableciendo que sólo pueden renunciar por causas o motivaciones graves, lo que constituye una garantía para los ministros que, en defensa de la Constitución, lleguen a confrontar a un régimen autoritario.

Tal es el espíritu o substancia de ese artículo y no el que le quieren dar quienes pugnan por mantener a Medina Mora en un cargo que le queda grande y que le fue otorgado inmerecidamente, sin reunir los más elementales requisitos, por acción de un dedazo presidencial corrupto, interesado en protegerse en el futuro.

La mala interpretación del artículo 98 constitucional es enarbolada por diversas televisoras y algunos analistas como Julio Hernández López que coinciden con los interesados en defender a Medina Mora y, con él, al expresidente Peña que lo puso en el puesto para que le guardara las espaldas y a la pandilla militantes del neoliberalismo corrupto que lo defienden.

Un perfil resumido del ahora ex ministro es retratado magistralmente por el editorial de hoy de La Jornada:

“Al margen de los delitos por los que se le indaga y cuya responsabilidad está por demostrarse, lo cierto es que Medina Mora arrastra un historial cuestionable –por decir lo menos–, negro en materia de derechos humanos y tráfico de influencias: carente de la carrera judicial que lo dotara de las credenciales apropiadas para formar parte de la SCJN, fue en cambio un empresario que cultivó estrechos nexos con la cúpula política desde los años 90. Se integró de manera formal a ella a partir del sexenio de Vicente Fox, quien lo nombró director del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano ampliamente empleado para el espionaje político por las administraciones priistas y panistas.

En 2005 saltó de dicha posición a la primera línea del gabinete como secretario de Seguridad Pública, donde fue responsable directo de los actos de barbarie represiva dirigidos contra los pobladores de San Salvador Atenco en mayo de 2006 y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca desde julio de ese año; en ambos se han documentado los gravísimos atropellos en que incurrieron las fuerzas del Estado. Ya con Felipe Calderón en Los Pinos, Medina Mora se puso al frente de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) y formó –junto con el encargado de Seguridad Pública, Genaro García Luna– el brazo ejecutor de la catástrofe nacional que fue la guerra contra el narco declarada por el político panista. Como procurador fue cuando menos omiso ante la conjura conocida como Rápido y furioso, mediante la cual agencias de inteligencia estadunidenses traficaron hacia México armas de fuego que fueron utilizadas en crímenes mortales.

En el sexenio de este último, Medina Mora pasó del ámbito policial al diplomático al ser designado embajador en Washington y luego en Londres. Al representar a uno de los gobiernos más entreguistas de la historia nacional, su actuación en la capital estadunidense no hizo sino confirmar el nefasto papel en el manejo de la soberanía nacional que ya había desempeñado en el caso Rápido y furioso.

Por todo lo expuesto y por otros episodios que lo mostraban como un personaje más comprometido con los grupos de poder, de los que formó parte, que, con el servicio público, el empecinamiento de Peña Nieto por colocarlo en el máximo tribunal en 2015 causó alboroto, pues fue percibido como un escandaloso pago de favores e impugnado por una multitud de voces políticas y sociales”.

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