“Le tengo consideración y respeto al Lic. Peña porque no intervino en la elección”: AMLO
Se desmarca el ministro Zaldívar de relevar a Gertz, a quien ofrenda “afecto personal e institucional”
LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura
Cuestionado sobre la campaña de Morena para exponer como “traidores a la patria” a los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, el Presidente López Obrador recurrió nuevamente a los discursos del general Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos, en los que identifican como tales, como traidores a la patria –delito grave, por lo demás, estipulado en el Código Penal– a quienes defiendan los interés de extranjeros en rubros estratégicos como el petróleo y la electricidad, o en la cesión de territorio, entre otros.
Enseguida, don Andrés recordó haber denunciado a Enrique Peña Nieto por traición a la patria cuando impuso su Reforma Energética, pero reveló que ahora le guarda respeto y consideración (¿es decir impunidad?) porque, a diferencia de Fox y Calderón, Peña no intervino en la elección como se lo proponían.
No pasó mucho tiempo, escasos dos minutos, para que López Obrador reaccionara luego de su indiscreción, asegurando que él no establece pactos de impunidad con nadie y que su único amo es y ha sido el pueblo de México.
Cualquiera podría inferir que Peña ha quedado a salvo de la persecución judicial a la que se haría acreedor por las clarísimas y abundantes evidencias de corrupción de él y muchos de sus cercanos, por ese “respeto y consideración” (es decir, agradecimiento) que el mandatario le guarda por no haber intervenido en su contra en el proceso electoral que lo llevó finalmente a la Presidencia, luego de dos intentos fallidos.
Pero tal interpretación sería insostenible porque la más elemental lógica apunta a que lo que se maneja como un presunto “pacto de impunidad“, también beneficia a otros expresidentes a los que el tabasqueño no les guarda ninguna consideración ni respeto.
Estas reflexiones vienen a cuento por la salida cantada del fiscal Gertz Florero, asunto en el que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, por cierto, se ha desmarcado en forma explícita:
“Yo soy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo espacio para distracción ninguna. En segundo lugar, hay un fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero a quien le reitero mi respeto, mi consideración y mi aprecio personal e institucional, es todo lo que tengo que decir”, aclaró el ministro Arturo Zaldívar al ser cuestionado sobre los comentarios de prensa que lo ubican como eventual sustituto de Alejandro Gertz Manero quien, presuntamente, “ya negoció su salida de la FGR a cambio de que lo dejen en paz con sus cuantiosos bienes”.
Dos de los tres jefes de los poderes actuales de la nación, el del Ejecutivo, y el del Judicial, han expresado casi al mismo tiempo “respeto y consideración” a dos de los más cuestionados personajes de la vida pública mexicana.
Tanto Enrique Peña Nieto, como Alejandro Gertz Manero, están pasando a la historia del país como los ejemplos más puros de violación a la ley. Uno como el presidente que encabezó quizá la administración más corrupta de nuestra historia y, el otro, como el primer fiscal general de la República campeón internacional en el fomento a la impunidad y al uso indebido de su cargo para dirimir sus turbios asuntos personales.
Si la defenestración de Gertz Manero efectivamente tiene lugar, como lo vaticinan algunos columnistas invocando filtraciones “confiables” de la Secretaría de Gobernación, no será seguramente por su ineficacia absoluta para cumplir con la promesa presidencial de combatir a fondo la corrupción, pues lo que impera en la Fiscalía es una impunidad casi del cien por ciento. Su salida obedecería más bien a su monumental torpeza para evitar ser el centro de la atención. Para fingir un combate efectivo a la corrupción cuando en realidad la instrucción parece ser completamente la contraria: no tocar ni con el pétalo de una denuncia judicial a nadie, excepto a algunos personajes especiales como Rosario Robles.
Cuestionado el mandatario sobre por qué no fincar denuncias por traición a la patria a los legisladores, en vez de andar con campañas mediáticas simplemente para balconearlos, don Andrés respondió: Eso fue cuando era opositor, pero ahora no. ¿Para qué se denuncia? ¡Que cada quién se haga responsable de sus actos!
Con este planteamiento queda claro que López Obrador cree firmemente en que la fuerza de la opinión pública, traducida finalmente en votos, puede sustituir al Estado de Derecho, es decir, al imperio de la ley.
La lamentable impunidad que priva en una administración presuntamente inspirada en el combate a la corrupción obedece, entonces, al cálculo fallido de un mandatario que sigue actuando como si fuera un opositor. En lugar de aplicar rigurosamente la ley como juró hacer como Jefe del E-je-cu-ti-vo, sigue anclado en la denuncia pública, como se habituó durante las décadas que operó desde la oposición.
Ha desarrollado don Andrés (siempre en forma bien intencionada, a no dudarlo) una teoría a la que se apega de manera obsesiva, según la cual solo una cosa garantiza la continuidad de las reformas auténticamente democráticas: la conciencia del pueblo. Solo el pueblo (y no las instituciones) es capaz de hacer valer la permanencia de los cambios.
Por eso trabaja arduamente en exponer sus denuncias ante el muy limitado auditorio de sus mañaneras, pensando -mal asesorado- que es el pueblo entero el que lo escucha. En realidad, sus argumentos luego son recortados, distorsionados, y hasta castrados por los medios hegemónicos que sí llegan a auditorios mucho más vastos.
Si no rectifica esta situación cuanto antes, don Andrés podría pasar a la historia como un gran simulador que perdonó judicialmente a los corruptos, esperando que el pueblo bueno los castigara con su voto. Las huestes de sus seguidores acríticos que aplauden una situación tan anómala solo terminarán perjudicando a un México cada vez más polarizado y dominado por la delincuencia.
