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Ayotzinapa

Por riesgo de fuga, dictan prisión preventiva justificada a Murillo Karam

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Controversia entre el Presiente López Obrador y la Suprema Corte alrededor de la “prisión preventiva oficiosa”

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López segura

Jesús Murillo Karam, el ex procurador del peñismo, autor de la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa, permanecerá en prisión preventiva justificada, gracias a que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que existe riesgo de fuga, razón por la que impuso la medida mientras dura su proceso penal por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, decretando 90 días naturales para la investigación complementaria..

La anterior noticia se da en el contexto de una controversia entre el Presidente López Obrador, respaldado por la Consejería Jurídica de la Presidencia, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre precisamente la prisión preventiva oficiosa (PPO), porque el ministro Luis María Aguilar Morales repentinamente propuso al pleno de la Corte eliminar los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que permiten la PPO.

Básicamente, el forcejeo entre los dos poderes se centra en que, por una parte, ciertamente los jueces han abusado de la PPO, como lo demuestra el hecho lamentable de que más del 40% de los reos, permanecen incluso varios años en prisión sin que se les dicte sentencia (como fue el caso de Rosario Robles) y en una mayoría de los casos el fenómeno ocurre porque carecen de recursos para defenderse correctamente y pueden engordar las cifras de por sí abultadísimas de la sobrepoblación carcelaria, con personas pobres e inocentes de delitos menores.

Pero en el otro extremo, el ejecutivo señala que debe mantenerse la PPO porque algunos delincuentes de cuello blanco, por lo mismo con muchos recursos económicos, pueden evadir fácilmente la acción de la justicia.

Sin ser expertos en Derecho, se nos ocurre que la controversia es una ridícula pérdida de tiempo, porque bastaría con que el Legislativo, es decir el otro poder de la Nación, emitiera una ley que, a criterio del juez, permitiera la PPO solo en determinados delitos de cuello blanco como delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros similares para evitar la fuga de personajes adinerados ilegalmente.

Pero quizá no es la razón lo que determina el curso de este tipo de controversias estériles por cuenta de abogangsters, sino el interés vital de defender a sus millonarios patrocinadores, muy alejados, todos, de cualquier preocupación por el prostituido término de Justicia.

A los conservadores como el ministro Aguilar, le horroriza que el Presidente López Obrador pueda usar -como de hecho lo hace en forma evidente- ese recurso para mantener enchiquerados a adversarios políticos como el exprocurador Murillo, con fines estricta y escandalosamente e-lec-to-ra-les. ¿No cree usted?

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