Aunque hubieran sido los peores criminales, no se justifica la ejecución sumaria

Los militares -que definitivamente no deberían haber sido involucrados jamás en tareas de Seguridad Pública-, ya dieron su absurda y, como dice Lorenzo Córdova, demencial versión sobre el asunto que se ventila en noticiarios nocturnos y se había ocultado en la Mañanera hasta conocer la versión oficial del Ejército mexicano:

“Sobre los hechos que ocurrieron el domingo 26 de febrero, aproximadamente a las 4:50 horas, el personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio, en apoyo a la estructura de seguridad pública, cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon”.

“Posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”.

“De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos”.

En Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, soldados ejecutaron en forma sumaria a 22 jóvenes. Al día siguiente y durante varias semanas -hasta que surgieron los reportajes de Esquire y AP, desmintiéndolo-, el entonces gobernador mexiquense, Eruviel “El Chapitas” Ávila, se la pasaba felicitando por televisión, en forma muy entusiasta y reconocida, a los miembros del Ejército “por haber abatido en buena lid, a un grupo de criminales”.

En Nuevo Laredo, 9 años después, y durante un gobierno plenamente militarizado que jura respetar derechos humanos y asegura ya no se dan las matanzas sumarias del pasado, miembros del mismo Ejército mexicano ejecutaron a 5 jóvenes y hay constancia de que por lo menos dos recibieron un tiro de gracia en la nuca. Solo dejaron un sobreviviente que ha puesto los puntos sobre las íes sobre la verdadera naturaleza de la masacre.

Un “reportero” de esos que maneja como marionetas el vocero Jesús Ramírez, cuestionó al mandatario sobre el asunto, pero poniéndose más papista que el Papa a defender a las fuerzas armadas, por la vía de desacreditar a Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien calificó lo acontecido como un hecho de la mayor gravedad que ha ocurrido en la ciudad e hizo un enérgico llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a esclarecerlo.

Este reportero usa incluso un audio ilegal, en plena Mañanera (como si se tratara del “Martes del Jaguar“) que seguramente le proporcionó ya saben ustedes quien, para desacreditar al defensor de Derechos Humanos tamaulipeco.

Es a tal grado rastrero este reportero que el propio Presidente le dice que hay que esperar a los resultados de las investigaciones y no ocultar la realidad, para evitar que se produzcan escándalos como el de Ayotzinapa (aunque el caso es mucho más parecido al de Tlatlaya).

Sobre los disparos al piso y al aire que soldados efectuaron en el mismo lugar horas después, ante los agresivos reclamos de familiares y amigos de las víctimas, no se dijo nada en La Mañanera.

Aunque el Presidente de México presume de vez en cuando “los bajos índices de letalidad” en su gobierno, parece que el lema “abrazos, no balazos” ha quedado rebasado cuando se miran las cifras de personas muertas en enfrentamientos de civiles con las Fuerzas Armadas, pues en los primeros cuatro años del gobierno son más los presuntos agresores muertos que los heridos.

Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, el Ejército ha abatido en enfrentamientos a 798 presuntos agresores y herido a 176 más, lo que se traduce en una letalidad de un herido por casi cada cinco decesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), proporcionados a través de transparencia.

El índice de letalidad es un indicador del posible uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de elementos de seguridad. Se obtiene dividiendo el número de muertes de agresores entre los heridos.

Meter al Ejército en tareas de Seguridad Pública es lo que López Obrador le critica frecuentemente a Felipe Calderón en términos de haber “pateado el avispero”. Su justificación es que él no ordena ejecuciones sumarias “como hacían sus antecesores”, por el contrario, dice, él ordena a los militares contenerse, situación humillante que les resta autoridad y los expone al ridículo.

Es una bomba de tiempo que no tarda en estallar, como han advertido multitud de organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo y la misma ONU. No puedes obligar a un pastor alemán entrenado para atacar a que le mueva la cola a quienes lo escupen, apedrean, golpean e insultan en su cara. A menos, claro, que te creas Dios.