Garantizado el voto libre y sin condicionamientos: Amalia Pulido, consejera presidente del IEEM

Autoridades federales y locales acordaron “blindar” las elecciones en marcha en el Estado de México e impulsar protocolos de seguridad para el traslado de la paquetería electoral, ante la creciente preocupación por la violencia en los procesos electorales en los que se disputan 12.5 millones de votos de los mexiquenses.

Amalia Pulido, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), adelantó a Expansión Política que ya se cuenta con protocolos para garantizar la seguridad de las candidatas a la gubernatura, la aliancista Alejandra del Mora y la morenista Delfina Gómez.

“Sin duda es un reto organizar las elecciones mexiquenses, dada la magnitud que tienen, para eso hemos diseñado protocolos de atención, de prevención, para que no se dé ninguna amenaza, atentado en contra de las candidaturas o los equipos de campaña”, establece.

Por otra parte y durante su participación en la Mesa de Análisis “Integridad Electoral y Programas Sociales” organizada por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Pulido Gómez afirmó que mientras el voto se pueda emitir en total secrecía y la ciudadanía tenga clara esa salvaguarda, las y los votantes tendrán total libertad para emitir su voto en el sentido en que decidan, sin condicionamiento alguno.

En el marco de la conmemoración del 27º Aniversario de la Declaratoria de Instalación del TEEM, la Consejera Presidenta del IEEM reiteró que al momento de ejercer el voto no existe posibilidad de obligar a nadie a elegir una persona en específico, porque al interior de la casilla existen todos los elementos que garantizan que este derecho se ejerza sin ningún condicionamiento.

Al respecto, Pulido Gómez indicó que desde el IEEM se ha asumido el compromiso de que las y los mexiquenses encuentren una casilla cercana a su domicilio en la que emitan su voto de forma libre.

Añadió que, además, se impulsará una campaña de difusión para informar a la ciudadanía respecto a que el uso o condicionamiento de programas sociales a cambio de votos es un acto ilegal, sujeto a sanciones graves.