Reconoce que los beneficios de sus grandes obras serán para los militares y darán empleo a centroamericanos

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

Cuando uno escucha al presidente de México decir, con todas sus letras, que los beneficios del Tren Maya, y otros grandes proyectos del sureste serán para garantizar las pensiones de las fuerzas armadas que, además, controlarán la operación de esas obras y, adicionalmente, anuncia que acordó con Estados Unidos que, durante un año, ofrecerá empleos bien pagados a los hermanos centroamericanos precisamente trabajando en esas obras, uno se pregunta ¿en qué nos benefician los más de 400 mil millones de pesos que los mexicanos hemos invertido?

El meollo de la retórica presidencial radica en convencer, mediante la repetición, ad nauseam, todos los santos días, que su gobierno piensa primordialmente en los pobres. Que los neoliberales gobernaban para una minoría, y que, en consecuencia, se dedicaban a saquear los vastísimos recursos de la nación en beneficio de esa oligarquía. Que el desenfrenado proceso de depauperación afectó más a los estados paradójicamente más ricos en recursos naturales, los del sureste, y que resultó más brutal incluso que la devastación que tuvo lugar durante los 3 siglos de colonización española.

Hasta ahí, la narrativa de corte típicamente populista del mandatario hace creer que la conclusión lógica sería, en primerísimo lugar, castigar a los perpetradores de semejante tragedia, los multimillonarios que se beneficiaron de esas políticas destructivas de nuestro medio ambiente y de la economía de millones de familias, y que les permite figurar entre los amasadores de las más grandes fortunas en el mundo entero.

Uno de los prototipos de “empresaurio” voraz y sin llenadera (para usar los términos del Presidente) es Germán Larrea, Presidente del Grupo México y dueño de tramos ferroviarios concesionados por el Estado Mexicano a los que el mandatario les echó el ojo para completar uno de sus grandes proyectos.

70 marinos ocuparon esos tramos el viernes pasado y la prensa empezó a parlotear sobre una “expropiación“, palabra que invoca en el mundo entero los peores demonios de pánico de los inversionistas que apuestan sus capitales en países “confiables” que jamás tomarían medidas drásticas para garantizar el buen comportamiento de sus filiales respecto de los pueblos a los que “benefician” con sus inversiones.

AMLO ha denunciado, en infinidad de ocasiones, que los neoliberales concesionaron a empresas nacionales (entre las que figuran las de Germán Larrea) y extranjeras, el 60% del territorio nacional para la explotación minera, y que muchas de esas empresas explotan también a trabajadores mexicanos y devastan nuestro medio ambiente antes de llevarse el oro, la plata y otros minerales preciosos de nuestro subsuelo.

Parece muy conmovido el Presidente cuando narra esa situación de gravísima y perfectamente documentada traición a la patria de quienes cedieron, de esa manera, 120 mil hectáreas de las 200 mil que tiene el territorio nacional, pero más allá de lamentar esa tragedia en su mañanera, no ha movido un dedo para corregir la situación y castigar a los “jefes de la mafia del poder” que perpetraron semejante delito, perfectamente aplicable a cualquier ex mandatario e incluso mandatario en funciones.

Se ha quejado don Andrés amargamente, casi a diario, de la forma en que los concesionarios de radio y televisión encabezan (junto con algunos diarios) una asonada mediática contra su gobierno, tan grande o más que la que tuvo que soportar “el mártir de la democracia”, Francisco Madero, con el que López Obrador se compara nada discretamente. Pero jamás se ha atrevido a revisar las concesiones de televisoras y radiodifusoras que están sujetas a la ley, la cual es muy clara en señalar que el espacio radioeléctrico que pertenece a los mexicanos, no puede ser utilizado para deformar la cultura nacional, como hacen a diario, y mucho menos para desafiar al Estado que se los concesiona.

Pero que no sea una concesión que estorbe a los proyectos que terminarán enriqueciendo a las fuerzas armadas porque ahí sí, de inmediato, el Presidente reacciona como debería haberlo hecho también en el caso de los penales que Peña le concesionó a amigos y parientes del salinismo, por los cuales el Estado tiene que pagar 16 mil millones de pesos anuales, tengan o no presos que atender. AMLO ha celebrado como un gran triunfo de su gobierno el descuento que le hicieron esos empresarios del 15%.

Larrea debe estar feliz porque de seguro le prometieron no ponerle muchos obstáculos para que se haga de Banamex, a cambio de unas cuantas vías de ferrocarril que su empresa podrá, adicionalmente, seguir usando sin ningún problema, aclaró el mandatario en su Mañanera de hoy.