Santiago Taboada y Lilly Téllez también fueron espiados durante el mandato de Claudia Sheinbaum
Una exhaustiva revisión de al menos 14 expedientes judiciales por parte del New York Times revela que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ha realizado espionaje reciente sobre figuras prominentes del país. Entre los vigilados se encuentran el encargado de aduanas del país, al menos tres alcaldes de la capital, senadores de la República y poderosos integrantes del gobierno mexicano.
Según documentos judiciales, la mayor empresa de telecomunicaciones de México, Telcel, fue instruida por la fiscalía para proporcionar registros telefónicos, mensajes de texto y datos de ubicación de estos funcionarios y políticos. Telcel, en un documento revisado por el Times, admitió haber cumplido con estos requerimientos, que abarcan desde 2021 hasta el presente.
Aunque la fiscalía alega que la vigilancia se relaciona con investigaciones de secuestros y desapariciones, la empresa niega tener carpetas de investigación por tales delitos y rechaza categóricamente haber solicitado esta información telefónica.
Un juez federal, sin embargo, contradice estas declaraciones al afirmar que la fiscalía de la Ciudad de México solicitó a Telcel la entrega de los registros. Este hecho se destaca en una demanda presentada por el alcalde Santiago Taboada, quien argumenta que la vigilancia es un intento de utilizar el sistema de justicia políticamente en su contra.
Higinio Martínez Miranda, un destacado senador de Morena por el Estado de México, recordó la promesa del presidente de que en su gobierno no se iba a espiar a nadie. La fiscalía general de la Ciudad de México obtuvo sus datos de telefonía celular de octubre de 2021, según los expedientes de Telcel.
Martínez calificó de condenables estas acciones y rechazó haber cometido algún delito. Dijo que no tenía idea de que estuviera siendo investigado hasta que se enteró por periodistas del Times.
En el caso más reciente, Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que en ese momento era el titular de Agencia Nacional de Aduanas de México en 2022 y actualmente es el secretario general de Gobierno en el Estado de México, plantea el Times.
La fiscalía general de Ciudad de México acusó a Alessandra Rojo de la Vega, exlegisladora y franca opositora de Claudia Sheinbaum, de delitos electorales el año pasado, lo que Rojo de la Vega dijo era una venganza política por oponerse a las políticas de Sheinbaum. El caso fue desestimado por una jueza posteriormente.
Estos eventos plantean preocupaciones sobre el uso de tácticas de vigilancia por parte del gobierno mexicano, a pesar de las promesas del presidente López Obrador de poner fin a cualquier vigilancia ilegal. El gobierno ha sido acusado de utilizar el programa espía Pegasus para monitorear a periodistas, defensores de derechos humanos y altos funcionarios propios.
La fiscalía de Ciudad de México niega las acusaciones de espionaje, pero un juez federal sostiene que ha habido solicitudes de registros telefónicos. La situación genera críticas sobre posibles abusos de poder y destaca la necesidad de una supervisión judicial más estricta en casos de vigilancia.
Este escándalo plantea interrogantes sobre la protección de la privacidad y la legalidad de las acciones de la fiscalía. En un contexto político ya tenso, la revelación de la vigilancia podría tener consecuencias significativas en el panorama político mexicano.
