Asesinatos y levantones en Michoacán obligan a candidatos de todos los partidos a abandonar el proceso electoral

Por Jesús López Segura

La sombra del crimen organizado se ha vuelto ominosa sobre el proceso electoral en Michoacán, dejando un rastro de violencia y terror que ha llevado a la retirada masiva de aspirantes políticos de todos los partidos. Asesinatos, amenazas de muerte y levantones exprés han marcado el camino hacia las urnas del 2 de junio próximo, mientras las autoridades luchan por garantizar la seguridad del proceso.

El reciente doble asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (de Morena) y Armando Pérez Luna (del PAN) a la alcaldía de Maravatío ha puesto de relieve la intervención del crimen organizado en la definición de candidaturas. Según el titular de la Fiscalía General del Estado, Adrián López Solís, todo apunta a que estos actos violentos están vinculados a las aspiraciones electorales de las víctimas.

Estos trágicos sucesos han desencadenado una desbandada de aspirantes de diferentes partidos en varios municipios, quienes han denunciado haber recibido amenazas o sufrido secuestros exprés con la clara exigencia de abandonar el proceso electoral. Hasta el momento, al menos 19 precandidatos han retirado sus postulaciones, mientras que 11 han recibido seguridad personal por parte del gobierno estatal.

El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, ha reconocido que la violencia electoral sigue siendo una realidad latente en la región. A pesar de los esfuerzos por coordinarse con los partidos y las autoridades de seguridad, la amenaza persiste, reflejando un panorama desafiante para la integridad del proceso democrático.

Estos hechos alarmantes se sitúan en un contexto nacional donde la violencia política-criminal es una preocupación creciente. Según el informe “Votar entre balas” de Data Cívica, en Michoacán se registraron 92 actos de violencia política-criminal entre 2018 y enero de 2024, incluyendo asesinatos, atentados y amenazas dirigidas tanto a personas asociadas con el ámbito político como a instalaciones gubernamentales.

La situación se agrava con la intervención del narcotráfico, como lo confirmó la directora del Centro Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Avril Haines. Partes del territorio mexicano están bajo el control de cárteles del narcotráfico, lo que representa un desafío significativo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra estas organizaciones criminales.

Ante este escenario desalentador, la exigencia de garantizar la seguridad y la transparencia del proceso electoral se vuelve imperativa. Los partidos políticos y las autoridades deben redoblar esfuerzos para proteger la integridad de los candidatos y asegurar que la voluntad ciudadana se exprese libremente en las urnas, sin la sombra del crimen organizado dictando sus reglas.

Esta advertencia oficial de Estados Unidos, se suma a los reportajes recientes de prestigiosos periodistas que dan cuenta de investigaciones sobre posibles nexos de narcotraficantes con el financiamiento de campañas del candidato López Obrador en 2006 y 2018. Quizá la barrera diplomática impide a los gringos, hasta ahora, pero no sabemos por cuánto tiempo, hablar abiertamente de que la política de “abrazos y no balazos” a la delincuencia, no puede significar otra cosa que una alianza gubernamental con el crimen organizado, al que se le deja el camino franco para el asesinato (más de 180 mil en lo que va del sexenio), la extorsión y la abierta participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales.