El desfalco a la Federación quedará impune, aunque la FGR amenaza con impugnar

La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de sufrir varios reveses judiciales relacionados con el caso del Viaducto Bicentenario.

En el más reciente fallo, el juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, decidió no vincular a proceso a siete empresarios y exfuncionarios del Estado de México, incluyendo a destacadas figuras como José Andrés de Oteyza Fernández y Ernesto Javier Nemer Álvarez, “por falta de elementos para ser procesados” en relación con este caso paradigmático de corrupción de una empresa extranjera implicada en financiamiento ilegal de campañas políticas tanto en el Estado de México, como a nivel federal.

El juez determinó desechar la causa penal iniciada por la FGR por los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación de un bien de la nación, lo que representa un nuevo golpe para la Fiscalía y para los usuarios de ese tramo carretero que han tenido que pagar miles de millones de pesos a una empresa cuestionada en el mundo entero por sus escandalosas formas de operar, construyendo caminos y otras obras con graves sobreprecios que se canalizan a operaciones electorales ilegales.

Este fallo ha generado fuertes críticas por parte de la FGR -por los motivos que fuere, no tanto relacionados con la vocación de justicia, como por asuntos personalísimos del procurador Gertz Manero, que ya sabemos cómo se las gasta-. El juez fue acusado por la FGR de prejuzgar el caso antes de escuchar todas las pruebas y argumentos pertinentes. La fiscalía ha anunciado que iniciará acciones legales en contra del juez por este motivo.

El caso del Viaducto Bicentenario ha estado plagado de controversias desde el inicio, promovidas por Paulo Díez Gargari en representación de otra empresa afectada por la prepotencia y corrupción de Aleatica y sus cómplices del gobierno mexiquense. Para colmo, los fallos judiciales recientes han dejado en entredicho la imparcialidad del sistema judicial.

En medio de estas disputas legales, persisten las acusaciones de corrupción y explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, con importantes sumas de dinero en juego. La sociedad mexicana observa con atención el desarrollo de este caso, que pone a prueba la capacidad del sistema judicial para combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas en casos de corrupción a gran escala.