El sexenio obradorista deja a productores del campo sometidos por la extorsión
Los grupos criminales financian sus enfrentamientos aumentando las cuotas de extorsión
Un reporte del diario español El País describe el grave problema de extorsión que sufren los productores agrícolas en Michoacán a manos de diversos cárteles de narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y Los Blancos de Troya. Estas extorsiones se han intensificado a lo largo del sexenio de López Obrador, afectando directamente a la economía agrícola de la región, que incluye cultivos clave como el limón, aguacate y otros. Los agricultores son forzados a pagar “derecho de piso”, lo que ha causado el cierre de empaquetadoras y la salida de inspectores estadounidenses del país, quienes ya no operan directamente en los campos por razones de seguridad.
Crítica a la respuesta gubernamental: La omisión del Ejército y la Guardia Nacional ha sido evidente, con los productores denunciando la falta de acción efectiva por parte de las autoridades. La muerte de José Luis Aguiñaga Escalera, un empresario limonero que se negó a pagar una extorsión, es un claro ejemplo de la impunidad que prevalece en la región. La Fiscalía sigue en una fase preliminar de investigación sin detenidos, lo que refuerza la percepción de ineficacia estatal, si no es que de abierta complicidad con los criminales.
Crecimiento de las extorsiones y la violencia: Desde 2010, las extorsiones han escalado tanto en monto como en alcance. Lo que comenzó como un cobro relativamente bajo por kilo de producto ha llegado a cifras que superan los 2,000 millones de pesos anuales solo en el caso del limón. Además, se extienden no solo a productores, sino también a empaquetadores e industriales. La falta de denuncias es atribuida al miedo a represalias y a la complicidad implícita del gobierno, al que se acusa de manejar amnistías que no solucionan el problema.
Impacto económico y social: Las extorsiones no solo afectan la seguridad de los productores, sino que también repercuten en la inflación y en el crecimiento económico del país. Las autoridades locales y federales han fallado en implementar medidas efectivas, lo que ha llevado a un aumento del control del crimen organizado sobre vastas áreas de producción agrícola. Los productores, indefensos, ven como única salida seguir pagando o abandonar el negocio.
Conclusión: El gobierno de López Obrador, en sus últimos días, ha dejado una deuda de seguridad en Michoacán y otros estados afectados por la violencia criminal. Las extorsiones, lejos de ser frenadas, han crecido exponencialmente, reflejando la incapacidad del Estado para hacer frente a los cárteles, mientras que los agricultores y empresarios se ven atrapados entre la violencia y la desidia gubernamental.