Quienes deberían enfrentarlos, les dejan la puerta abierta y hasta se ríen en la cara de las víctimas

En un acto de barbarie impune y con un tufo de limpieza étnica por codicia minera, el grupo criminal Los Salazar, brazo del Cártel de Sinaloa, ha emprendido una operación de guerra en pleno territorio nacional: bombardea con drones a comunidades indígenas pima y warijó en Moris y Uruachi, en la Sierra Tarahumara, para expulsarlos y quedarse con el oro del subsuelo, según revela un reporte de la revista Proceso. Todo ante la mirada ausente o burlona de autoridades estatales y federales, que parecen más preocupadas por no mancharse las botas que por proteger a los ciudadanos.

Los ataques comenzaron a principios de junio con drones cargados de explosivos, casas incendiadas, asesinatos y desplazamientos forzados. Los indígenas, dedicados a la agricultura, ganadería y minería artesanal, lo han perdido todo: animales, cosechas, viviendas y, en muchos casos, familiares. Decenas de comunidades han sido barridas mientras los criminales avanzan como una plaga armada que busca saquear el oro de la región.

Lo más indignante no es sólo la ferocidad del crimen organizado, sino la descarada pasividad del Estado mexicano. La Fiscalía de Chihuahua recibió reportes de los bombardeos, pero su respuesta fue casi grotesca: “no hay novedad relevante al respecto”, dijo el director de Seguridad Pública de Moris, como si los cadáveres y las casas humeantes fueran parte del paisaje natural. Cuando madres de familia rogaron apoyo a soldados que patrullaban, estos simplemente se burlaron antes de retirarse a toda velocidad, dejando tras de sí un infierno en expansión.

El grupo criminal ha extendido su control desde sus bastiones en Chínipas, Guazapares y Urique hacia Moris y Uruachi, con la complicidad de décadas de impunidad y colusión institucional. Hugo Guerrero Encinas, alias 01, señalado como cabecilla, fue arrestado en 2011 y liberado recientemente, una constante en el sistema de justicia nacional donde los líderes narcos entran y salen de prisión como si visitaran un spa.

Las comunidades desplazadas, desamparadas en su propio país, tuvieron que viajar hasta la Ciudad de México para denunciar ante la SEDENA, Gobernación y la CNDH, porque en Chihuahua nadie quiso escucharlos. Y es que el oro pesa más que la vida indígena, al parecer.

Todo esto ocurre en una zona históricamente controlada por el crimen: allí operó La Línea del Cártel de Juárez, ahora presuntamente aliado del CJNG. Pero hoy, Los Salazar avanzan al estilo paramilitar: usan drones como armas de guerra y ejercen el terror como política territorial, mientras el Estado se limita a publicar boletines y negar cifras.

No se trata de episodios aislados: este mismo grupo fue mencionado en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach, y su historial de crímenes se remonta a 2005, con un catálogo que incluye asesinatos de funcionarios, periodistas y activistas. El fundador, Adán Salazar Zamora, es parte de la vieja guardia criminal que tejió redes con el poder político y económico del norte del país. Hoy sus herederos dirigen la barbarie en nombre del oro.

Y mientras tanto, la minería legal se retira discretamente, dejando el territorio en manos de la minería criminal. Empresas pequeñas abandonan operaciones sin hacer ruido, sabiendo que el que levanta la voz, muere. Así, el oro cambia de manos, no por licitaciones ni concesiones, sino a punta de drones y masacres.

En resumen: el narco bombardea con impunidad, desplaza comunidades enteras, se roba el oro y asesina a quien se oponga. El Estado mexicano, en lugar de enfrentarlo, les deja la puerta abierta y hasta se ríe en la cara de las víctimas.