El Tesoro de EU sacude el sistema financiero mexicano y desnuda su sumisión al crimen organizado

Mientras el Gobierno mexicano presume en foros internacionales su lucha contra el crimen organizado, en la práctica, el dinero del narco se paseaba con smoking y corbata por las instituciones financieras del país, revela un amplio reporte de Zedryk Raziel en El País.

La casa de bolsa Vector, nada menos que vinculada al exconsejero presidencial de AMLO, Alfonso Romo, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador sistemático del Cártel de Sinaloa. No se trata de un desliz aislado, sino de un esquema metódico: blanqueo de capitales, sobornos al poder político y financiamiento del tráfico de fentanilo con remesas multimillonarias a China.

Vector no solo lavó millones de dólares entre 2013 y 2021, sino que fue uno de los canales para enriquecer a Genaro García Luna, el ex zar de la seguridad que terminó exhibido como aliado del narco. Solo una empresa de ese entramado, Nunvav Inc., transfirió más de 47 millones de dólares a Vector para engordar la bolsa del exfuncionario hoy sentenciado en EE. UU.

La indolencia mexicana raya en la complicidad. Mientras la red de lavado se tejía desde bancos y casas de bolsa autorizadas por el Estado, Romo ocupaba un puesto clave en el gabinete de López Obrador sin transparentar su doble papel: asesor presidencial y accionista de una institución que, según EE. UU., es pieza clave del engranaje narco-financiero.

El escándalo no termina ahí. La empresa fachada Murata S.A., conectada al Cártel de Sinaloa y al PRI, transfirió casi 100 millones de pesos a Vector en 2017. La firma simulaba ser parte de la industria militar, pero emitía facturas para encubrir operaciones criminales. Murata, constituida por Paolo Ferrari —hijo del operador financiero de “La Trilladora”, responsable de la fuga de El Chapo en 2015—, tejió una red de corrupción en la que participaron gobiernos priistas, sobre todo en Nuevo León, con contratos tan absurdos como talleres de educación vial y sexualidad pagados con recursos públicos.

La FGR, empujada por la presión internacional, abrió una investigación que ahora parece inevitable. Pero el trasfondo es más sórdido: Murata fue beneficiaria de más de 300 millones de pesos en contratos oficiales, mientras blanqueaba miles de millones para el narco. Los nombres que aparecen —de Sanborns a Citibanamex, de Inbursa a Banorte— muestran que la complicidad no es marginal, sino estructural.

A la trama se suman personajes reciclados de la cloaca política: Manuel Velasco (hoy aliado de Morena), Salvador Campillo Talavera (de la estafa piramidal), Eduardo Moisés Salomón (de las tarjetas Monex). Todos confluyen en el mismo lodazal: un sistema donde el narco y la política no se cruzan por accidente, sino por diseño.

Y mientras Estados Unidos exige pruebas y castigos, el Gobierno mexicano se ofende y pide explicaciones. Claudia Sheinbaum reclama pruebas, como si los millones de dólares que flotan en la contabilidad de Vector no fueran ya evidencia más que suficiente. La realidad es brutal: el narco no solo controla territorios, sino también cuentas bancarias, empresas fantasma, campañas electorales y funcionarios de todos los colores y niveles.