Juicio político contra 8 ministros y blindaje judicial a sus reformas, es la respuesta del morenismo

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

EL ARGUMENTO ESTRICTAMENTE JURÍDICO

Medio centenar de juristas internacionales muy respetados en América Latina, Europa y Estados Unidos, se sumaron como terceros interesados a los procesos de inconstitucionalidad que lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México contra la reforma judicial y afirmaron que esta reforma debe ser analizada, en principio, como “presuntamente inconstitucional”.

Instaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –según reporta Rafael Croda en un amplio reporte para la revista Proceso— a revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, asegurando que el tribunal tiene facultades para intervenir cuando una modificación a la Carta Magna atenta contra el espíritu original del constituyente, en este caso porque se compromete la independencia, capacidad y legitimidad del Poder Judicial, afectando pilares esenciales de la democracia, como la división y equilibrio de poderes.

En un documento presentado como “amicus curiae”, estos reconocidos juristas también destacaron que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un riesgo para el orden constitucional, ya que sienta las bases de una república cívico-militar. Insistieron en que la SCJN debe evaluar si estas reformas alteran los principios fundamentales de la arquitectura constitucional, justificando su intervención como garante de los límites que el poder de reforma debe respetar. Este análisis, explicaron, es esencial para impedir que el poder legislativo actúe como constituyente (y no como poder constituido), rompiendo el orden democrático establecido en la Constitución de 1917.

Sheinbau, Marina, Ejército y Guardia Nacional

La solicitud subraya una tendencia mundial donde los tribunales constitucionales ejercen control sobre las reformas que afectan la esencia de las constituciones, como ha ocurrido en Colombia, Brasil y otros países, consolidando así la necesidad de una estricta supervisión de las reformas que puedan socavar el orden democrático, a partir de una presunción de inconstitucionalidad que haga especialmente estrictas las exigencias de deliberación y justificación que deben darse” frente a cambios constitucionales profundos.

Sede de la SCJN

LA RESPUESTA AUTORITARIA Y GOLPISTA DE LA 4TÉ

El comentario editorial del oficialista diario La Jornada, marca la pauta del inminente plan de la 4té para nicaragüizar la democracia mexicana. Luego de no bajar de sediciosos a los miembros del Poder Judicial que luchan por la sobrevivencia del Estado de Derecho (que desde luego incluye sus propios derechos como trabajadores), concluye textualmente:

“Todas sus acciones de los últimos meses contribuyen a exaltar a quienes se sienten frustrados por el resultado electoral del pasado 2 de junio, con lo que sacan al Poder Judicial de su esfera y lo meten de lleno en la politización que, aseguran, quieren evitar con su oposición a la reforma… Si realmente les preocupan la justicia y la Judicatura, bien harían en actuar de manera responsable, dejar de lado sus conatos de sedición y emprender la profunda autocrítica que deben a la sociedad”.

En este contexto de guerra de poderes, Morena presentó y turnó a comisiones del Senado en fast track una reforma que impulsan los líderes parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López, luego de una reunión privada con la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde y el hijo de López Obrador “Andy”, para establecer en la Constitución una reforma que impida que las modificaciones a la Carta Magna puedan ser objeto de amparo y de ningún otro recurso jurídico que trate de detenerlas o echarlas abajo.

Adan Augusto y Andy Lopez Junior

En suma, declarar improcedentes las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos que busquen controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, es decir, una “supremacía constitucional”, a fin de evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales y juzgados puedan invalidar las reformas constitucionales, y todo ello con efecto retroactivo. Un genuino golpe constitucional de Estado.

Y para no dejar lugar a dudas y especulaciones “optimistas”, el Partido del Trabajo (PT) presentó una solicitud de juicio político en contra de 8 ministros de la Corte. Imagine usted cuáles.

Cuando Fernández Noroña recibió en el Senado a Norma Piña

La venganza contra el Poder Judicial que se opuso a algunas de las irracionales reformas promovidas por el expresidente López Obrador parece ser la principal consigna heredada a su sucesora, lo que terminará ocasionando la crisis constitucional que finalmente “justifique” el regreso del tabasqueño a Palacio Nacional, incluso antes de la revocación de mandato, pues una vez decretado que nadie podrá impugnar reformas constitucionales impuestas a raja tabla por la mayoría morenista, la inminente iniciativa “intocable” podría implantar una dictadura “constitucional” en México. AMLO juró innumerables veces que se retiraría, a menos que una grave crisis lo obligara a regresar.