Esta suerte de “michoacanazo” es incompatible con el apapacho descarado a Rubén Rocha Moya

La mayoría de los medios de información, tanto nacionales como locales del Estado de México, enfocan el exitoso operativo denominado “Enjambre“, producto de 20 meses de investigación por cuenta de la Fiscalía mexiquense, como un logro de la nueva administración federal, por el énfasis puesto en la coordinación de las instancias federales y locales, como parte de los 4 puntos nodales de la nueva estrategia de Seguridad de la Presidente Sheinbaum para suplir el paradigma fallido de los “abrazos y no balazos”.

20 meses le llevó al fiscal José Luis Cervantes Martínez las labores de inteligencia para cortar los vínculos entre alcaldes y directores de seguridad pública de diez municipios del Estado de México con organizaciones delictivas como la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco, la Unión Tepito y el grupo criminal conocido como Nuevo Imperio. Entre asesinatos, extorsiones y hasta un suicidio, queda documentado que al menos en una decena de municipios mexiquenses las máximas autoridades están coludidas a plenitud con los grupos criminales.

José Luis Cervantes Martínez ocupó 20 meses para implementar la Operación Enjambre

“Si vamos a seguir trabajando lo tenemos que quitar del camino, ya para que lo maten. Denle cuello en Zacazonapan, ahí se los mando. Los quiero a los dos muertos y podremos trabajar bien”, dice la alcaldesa morenista de Amanalco, María Elena Martínez Robles, en una grabación telefónica con el jefe de plaza de la Familia Michoacana, Pablo Hernández Hernández, El Pelón. Y su deseo se cumplió. Los mandó a Zacazonapan, y en el camino los mataron.

Personal de inteligencia de la Fiscalía de Justicia del Estado de México detectó también que, con ayuda del tesorero Isaac Marcos Flores, la alcaldesa desviaba recursos que eran entregados a la Familia Michoacana.

Capturada alcaldesa de Amanalco y directores de seguridad de varios municipios por colusión con grupos criminales en Edomex

Según fuentes del estado, las carpetas del operativo “Enjambre” se fueron armando de manera independiente. Para evitar filtraciones se armó un grupo de trabajo específico que le reportaba directamente al fiscal José Luis Cervantes Martínez.

De película. A mediados de octubre, personal de la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del Edomex se reunieron con Omar García Harfuch para planear el Operativo Enjambre y diseñar el despliegue operativo de los 1,500 elementos y las 14 células que tomaron parte en la operación. Ahí se comenzó a discutir cómo incursionar, cómo salir, en dónde certificar a los detenidos y a qué penales llevarlos.

Exitoso el Operativo Enjambre que atrapó a funcionarios municipales por colusión con grupos criminales en Edomex

Fueron 2 meses de planeación con García Harfuch, antecedidos por 20 meses de labores de inteligencia hasta la entrada de un nuevo gobierno que –por mucho que esté íntimamente ligado al anterior– parece desear arrancarle de las manos a las fuerzas armadas las labores esenciales de Seguridad Pública en el país, con el resultado espectacular del Operativo Enjambre en el Estado de México. Y digo que parece porque si de veras ésa fuera la intención, reflejada en la reciente ley que empodera a García Harfuch como el eje rector de la nueva política de Seguridad nacional, quedaría una pregunta tan lacerante como elemental:

¿Por qué al mismo tiempo que se realiza un operativo extraordinario y promisorio como “Enjambre”, en el Estado de México, la lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, acude a Sinaloa –en compañía del hijo del expresidente– a alcahuetear a un narcogobernador como Rubén Rocha Mayo, perdón Moya, acusado hoy mismo por testigos en un reportaje de la revista Proceso de haber sido apoyado por el Mayo Zambada –a quien termina traicionando– para llegar a la gubernatura.

El mérito principal de “Enjambre” es, insisto, del fiscal Cervantes.