Raymundo Riva Palacio explica cómo terminó el pacto de impunidad entre Peña y AMLO

Por Jesús López Segura

En su columna “Los 120 millones de dólares que rompieron un pacto”, Raymundo Riva Palacio lanza una acusación demoledora que expone los cimientos del famoso pacto de impunidad entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador, acuerdo que habría garantizado inmunidad a Peña a cambio de su pasividad electoral en 2018. Según el periodista, ese pacto, cuidadosamente protegido durante todo el sexenio de la 4T, habría llegado a su fin con las explosivas revelaciones de los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, y su socio Natan Wancier Taub, quienes ofrecieron información a la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el mecanismo de criterio de oportunidad.

El elemento central de la columna es la presunta entrega de más de 100 millones de dólares en sobornos a Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que habrían sido canalizados como parte de una gigantesca red de corrupción en la contratación de servicios de seguridad durante los sexenios de Calderón y Peña. Los sobornos no serían pagos aislados, sino una operación sistemática a través de contratos con dependencias clave como el OADPRS, el Cisen, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Según los testigos, los pagos a estas empresas privadas habrían sido retribuidos con beneficios personales para altos funcionarios del Estado mexicano.

Pero el escándalo no solo mancha al peñismo. Riva Palacio destaca con énfasis que la decisión de AMLO de no perseguir judicialmente a Peña Nieto no fue por falta de pruebas, sino por una decisión política, una “consideración” para asegurar gobernabilidad o para mantener la estabilidad con los poderes fácticos del pasado. Este blindaje institucional, promovido desde Palacio Nacional, habría implicado incluso exiliar discretamente a Peña tras su mandato, evitando que quedara al alcance de la justicia y de los sectores radicales del lopezobradorismo que exigían su procesamiento.

En otras palabras, la columna sugiere que el discurso anticorrupción de López Obrador fue, al menos en este caso, una simulación, y que solo ahora, cuando el de Atlacomulco ha dejado de ser útil al poder, se permite la apertura judicial del caso. El motivo: el fin del pacto político que lo protegía.