Prospera la propaganda disfrazada de orientación ciudadana en el Estado de México

A escasos días de la jornada electoral del 1 de junio, se intensifica una preocupante estrategia de reparto masivo de “acordeones” —panfletos con supuesta información sobre cómo votar— en varias zonas del Valle de México, particularmente en el Estado de México. Detrás del disfraz de “guías informativas” se esconde una evidente operación de propaganda electoral a favor de perfiles judiciales afines a la autollamada Cuarta Transformación (4T), reporta un mensaje del diario Reforma.

Bajo el lema “Tú decides quién juzga”, el panfleto instruye al lector sobre la mecánica de votación y presenta nombres específicos para los cargos judiciales, entre los que destacan las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al movimiento de Morena.

La propaganda no se limita al ámbito físico. En municipios del oriente del Estado de México —como Amecameca, Chalco, Atlautla y Ecatzingo— simpatizantes de Morena distribuyen versiones digitales de los “acordeones” mediante grupos vecinales, disfrazando el contenido como orientación electoral ciudadana. Los documentos, en formato PDF, también destacan los nombres de jueces y magistrados con filiación ideológica conocida.

Una habitante de Chalco confesó que, al recibir el archivo, creyó que se trataba de una ayuda neutra: “Creo que se aprovechan de que no sabemos qué hacer. Yo la verdad desconozco a los candidatos y cuáles son los cargos que se van a elegir”. Esa ignorancia ciudadana es, precisamente, el terreno fértil que explotan estas brigadas para influir indebidamente en una elección que debería estar libre de presiones o manipulaciones.

La pasividad de las autoridades electorales ante este operativo sistemático es tan alarmante como el operativo mismo. ¿Dónde están el Instituto Nacional Electoral (INE) y el tan dispendioso como inútil Instituto Electoral del Estado de México?

El uso de “acordeones” en las urnas ya no es una práctica clandestina de estudiantes en examen. Ahora es una estrategia institucionalizada para dictar al votante a quién debe elegir como juzgador. Y eso, en cualquier democracia que se respete, constituye un delito masivo y generalizado de lesa electividad.