Así, el impuesto a las remesas es un castigo selectivo para indocumentados, no afecta a los residentes

Por Jesús López Segura

Lejos del discurso oficial que intenta clasificar el nuevo impuesto a las remesas como una medida general “para todos los migrantes”, el texto de conciliación publicado por el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos revela una intención mucho más precisa: gravar selectivamente a los migrantes indocumentados, mientras se protege de cualquier afectación fiscal a quienes ya cuentan con residencia legal o ciudadanía.

El documento mantiene en 3.5% el impuesto a las remesas —propuesto originalmente por la Cámara de Representantes— e introduce una serie de disposiciones que desmontan por completo la versión de que la medida afectaría por igual a todos los migrantes. La realidad es que la propuesta está diseñada quirúrgicamente para golpear únicamente a quienes no tienen un número de Seguro Social (SSN), es decir, a los indocumentados, los migrantes que no pagan impuestos.

Por un lado, las transferencias realizadas con tarjetas bancarias (crédito o débito) quedan expresamente excluidas del impuesto, lo cual abre la puerta a que los migrantes con residencia legal o ciudadanía eludan por completo esta carga fiscal. Desde 2003, el uso de la Matrícula Consular mexicana ha permitido que millones de migrantes mexicanos abran cuentas bancarias en Estados Unidos. Los migrantes regularizados podrán enviar dinero por medios electrónicos formales sin que se les cobre un solo centavo extra.

Por si fuera poco, el proyecto establece créditos fiscales para quienes cuenten con SSN, reforzando aún más el blindaje para residentes permanentes y ciudadanos.

La mecánica es sencilla pero implacable: quienes no tengan cuentas bancarias o números de Seguro Social —es decir, los trabajadores indocumentados que envían dinero en efectivo por remesadoras o servicios informales— serán quienes asuman el costo del impuesto. De facto, es un castigo económico exclusivo para quienes no tienen documentos migratorios, lo que evidencia el mito de que todos los migrantes pagarán doble impuesto.

A pesar de esta clara segmentación, el discurso oficial de los republicanos ha insistido en que se trata de una política “de responsabilidad fiscal”, escondiendo que el resto del proyecto está plagado de reducciones fiscales permanentes a favor de los sectores más ricos y medidas regresivas, como recortes drásticos al programa Medicaid.

La verdadera intención del gravamen a las remesas no es recaudar fondos significativos ni equilibrar el presupuesto federal. Su sentido es eminentemente político: castigar a los indocumentados y utilizar el tema migratorio como moneda electoral. No es casualidad que este impuesto se acompañe de la promesa republicana de mantener los recortes fiscales de Donald Trump a las grandes empresas y a las familias acomodadas.

Mientras tanto, se proyecta que la medida entre en vigor el 31 de diciembre de 2025, con la intención de que su aprobación definitiva se concrete antes del 4 de julio, como parte de una estrategia política que busca consolidar el discurso antiinmigrante de cara al proceso electoral estadounidense.

En resumen: no es un impuesto general a los migrantes; es una sanción económica selectiva contra los indocumentados, disfrazada de medida fiscal responsable. Una maniobra más del viejo guion conservador: subsidios para los ricos, castigos para los pobres.