La Presidenta usará impuestos de los mexicanos para reembolsar a indocumentados en EU

En un gesto que pretende venderse como “solidaridad con nuestros paisanos”, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que reembolsará el 1% del impuesto aprobado por el Senado de Estados Unidos a las remesas enviadas en efectivo, a través de la Tarjeta Paisano. Lo que no dice tan abiertamente la Presidenta —pero debería preocuparnos— es que ese reembolso saldrá del bolsillo de los contribuyentes mexicanos, ¿o piensa financiarlo de otra forma?

Es decir, usted, estimado lector que paga IVA, ISR, IEPS y hasta el impuesto predial con puntualidad y resignación, va a subsidiar a quienes, en su mayoría, viven sin documentos en otro país y que por definición no pagan impuestos allá.

El Senado estadounidense —presionado por el discurso populista y xenófobo del trumpismo recargado— decidió gravar únicamente los envíos en efectivo, lo cual representa, según el Banco de México, apenas el 1% del total de remesas enviadas. La cifra parece minúscula, pero el principio es lo que indigna: ¿por qué un Estado soberano como México decide premiar con recursos públicos a quienes no tributan ni aquí ni allá?

Peor aún, se trata de remesas que eluden el sistema financiero estadounidense precisamente para evitar rastreos fiscales, posibles sanciones migratorias o investigaciones por lavado de dinero. Es decir, estamos hablando del segmento más opaco del flujo de remesas: dinero en efectivo que cruza fronteras en una zona gris, legal y fiscalmente hablando.

Sheinbaum lo celebra como un logro de “los paisanos”, en especial aquellos con doble nacionalidad que presionaron al Senado norteamericano con cartas emotivas y apelaciones al corazón. El gesto puede ser políticamente rentable en el extranjero, pero en territorio nacional parece una bofetada a quienes trabajan legalmente, pagan impuestos, se han quedado en su país a pesar de trágicas vicisitudes y no reciben reembolsos de cortesía por su buena conducta fiscal.

México es, después de India, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, con más de 63 mil millones de dólares en promedio en los últimos años. Un flujo impresionante que sostiene comunidades enteras, sí, pero que también ha servido para encubrir la ausencia de políticas de desarrollo regional y una creciente dependencia económica del esfuerzo de quienes emigraron —legal o ilegalmente— por falta de oportunidades en su país de origen, lo que el obradorismo había prometido remediar.

La narrativa oficial busca disfrazar la medida como un acto de justicia migrante, pero en el fondo es una rendición ante el sentimentalismo electoral y la renuncia a un principio básico de equidad fiscal. Porque, al final del día, el dinero público debería usarse para garantizar derechos dentro del territorio nacional, no para compensar decisiones fiscales ajenas que afectan a quienes no pagan impuestos en México porque decidieron ir a probar suerte en otro país.

Lo que la 4T llama “rembolso solidario”, muchos lo verán como un subsidio absurdo a la informalidad trasnacional. Porque, si vamos a hablar de justicia social, ¿por qué no se devuelve el IVA a quienes viven en pobreza extrema en México? ¿O el ISR a los pequeños contribuyentes estrangulados por el SAT? La respuesta es simple: esos no apuestan a la doble nacionalidad, ni votan desde el extranjero, ni son dueños de TV Azteca.